El martes, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó su investigación sobre la campaña del presidente Gustavo Petro por un inicio anticipado de actividades electorales. Este caso es independiente de las acusaciones relacionadas con la supuesta infracción de los límites de financiamiento electoral.
El magistrado Alfonso Campo, del Partido Conservador, argumentó que el presidente y su equipo comenzaron actividades proselitistas en 2021, antes de lo permitido por la ley. Se discutió específicamente sobre un evento en Barranquilla con una tarima en forma de “P” en septiembre de 2021, considerándolo como un acto electoral. Sin embargo, la mayoría de la sala no respaldó esta visión, resultando en una votación de ocho en contra y uno a favor.
Reacción del Presidente Petro
Petro respondió al fallo a través de su cuenta en X, indicando que el evento era una reunión política y no un acto de campaña, subrayando que la reunión es un derecho constitucional. Criticó fuertemente a los medios por tratar de transformar el evento en un escándalo para dañar su imagen y la de otros.
Continuación de la Investigación sobre Financiación Electoral
La defensa del presidente enfrenta acusaciones en el CNE por supuesta violación de los topes de financiación electoral, incluyendo la adición de gastos no electorales, la confusión entre permisos y horas de vuelo, y la incorrecta atribución de contribuciones sindicales a la campaña.
Se espera que las deliberaciones y votaciones sobre este caso continúen la próxima semana. El expediente ha sido revisado por todos los magistrados, anticipándose que no habrá más retrasos en el análisis.
Clima en el CNE y Perspectivas Políticas
Persiste una atmósfera de incertidumbre dentro del CNE sobre la posible apertura de una investigación más amplia por violación de los límites de financiación electoral, que implicaría una presunta infracción de más de $5.355 millones.
Algunos magistrados son vistos como opositores que podrían favorecer la apertura de investigaciones adicionales, mientras otros, alineados con el gobierno, podrían oponerse. La situación se complica por las dinámicas internas y políticas de los partidos representados en el CNE.
El magistrado Cristian Ricardo Quiroz, sobrino de un copresidente del partido Verde con posturas antagónicas hacia Petro, es un punto focal de atención debido a las posibles influencias políticas que podrían afectar su voto.
Estas dinámicas reflejan la compleja interacción entre la ley electoral, la política partidista y la gestión de la justicia electoral en Colombia, lo que continúa generando intensos debates y especulaciones sobre los futuros desarrollos políticos y legales.
