La madrugada del 12 de noviembre, se registró un nuevo episodio violento en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, marcando el primer suceso de este tipo en 2024. Este centro penitenciario, considerado el más violento de Ecuador y bajo la custodia de las Fuerzas Armadas, fue escenario del asesinato de 15 internos y dejó otros 14 heridos, a pesar de su militarización.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), entidad a cargo de las prisiones, confirmó el número de fallecidos y heridos. Según el SNAI, el «Bloque de Seguridad actuó de inmediato para retomar el control total de las instalaciones y activar un operativo de registro a gran escala, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.» La entidad también afirmó que el centro penitenciario «se encuentra bajo control absoluto». Medios locales en Guayaquil reportaron la presencia de personal militar y policial en la Penitenciaría.
La periodista Karol Noroña recordó en la plataforma X que este incidente ocurre “en el tercer aniversario de la masacre de 2021, donde murieron 65 personas.” Según la información compartida por Noroña, entre las víctimas hubo un interno desmembrado. También señaló que el pabellón 3 fue el sitio del ataque, donde operan bandas como Los Duendes, Mafia 18 y Trébol Killer, según fuentes internas.
De acuerdo con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), entre 2018 y 2022 se han encontrado 591 cuerpos en las cárceles del país, de los cuales el 76% correspondían a personas asesinadas en violentos enfrentamientos dentro de los centros penitenciarios. Hasta la fecha, estos incidentes violentos han resultado en más de 600 reclusos fallecidos.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022 destacó que las condiciones en las cárceles ecuatorianas incluyen tratos crueles e inhumanos, violando los derechos fundamentales de los internos. La CIDH subrayó que el Estado aún no implementa medidas efectivas para reducir los altos niveles de violencia en las prisiones.
En este contexto, el presidente Daniel Noboa anunció una reforma constitucional parcial que eliminaría la categoría de atención prioritaria para las personas privadas de libertad. Según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, emitido el 6 de noviembre de 2024, la iniciativa modifica los artículos 35 y 51 de la Constitución, con el propósito de fomentar “un sentido de justicia e igualdad” en la asignación de recursos y atenciones estatales.
Esta propuesta ha generado preocupaciones en el ámbito de derechos humanos, y algunos especialistas la consideran una medida regresiva que podría contradecir tanto la Constitución como los compromisos internacionales de Ecuador.
Fuente: Infobae
