La fiscalía general de Brasil determinó la apertura de una investigación preliminar sobre los posibles delitos cometidos por el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, las dos figuras del Gobierno de Jair Bolsonaro con empresas y dinero en los paraísos fiscales revelados en la filtración de documentación de los Pandora Papers.
La decisión del fiscal general Augusto Aras, puesto en el cargo por Bolsonaro en el 2019, significa en la práctica buscar una respuesta oficial de los involucrados en el escándalo.
Guedes, financista neoliberal que trabajó para la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y actuaba como administrador de fondos de inversión, mantiene desde 2014 una empresa con 9,5 millones de dólares en la guarida fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, que -según el Gobierno- había sido declarada ante el fisco brasileño.
Según la prensa local, con la devaluación del real iniciada en 2019 cuando asumió Bolsonaro con Guedes, el ministro de Economía habría ganado con esa cuenta unos 14 millones de reales, casi 3 millones de dólares.
Campos Neto, en cambio, se defendió y señaló que no hizo negocios en sus cuatro empresas offshore -dos en Panamá y otras tantas en las Bahamas- desde que asumió el cargo al frente del Banco Central, donde a partir de este año tiene independencia legal respecto del Poder Ejecutivo en base a una ley aprobada por el Congreso.
El presidente del Banco Central sostuvo en un evento online que su patrimonio «es parte de 22 años en el mercado financiero antes de ingresar a la función pública», donde tiene responsabilidad total en el cambio, la tasa de interés y las metas de inflación.
El fiscal Aras, en tanto, afirmó que la Procuraduría General de la República «no puede investigar con base en noticias de prensa».
«Como de costumbre, habrá una averiguación preliminar, escuchando personas y recibiendo documentos. Si es necesario haremos un pedido de apertura de una causa ante el Supremo Tribunal Federal. La primera persona a ser escuchada será Guedes», puntualizó Aras.
Grandes empresarios brasileños aliados al bolsonarismo aparecieron en la lista, como el magnate Luciano Hank, de las tiendas Havan, y Rubens Menin, el dueño de CNN Brasil y la constructora MRV, principal financista del club Atlético Mineiro.
También los socios de la prepaga Prevent Senior, investigada por hacer ensayos en humanos sin autorización con hidroxicloroquina en pacientes con covid-19 para evitar internarlos para reducir costos, y Crefisa, una gigante financiera que es responsable por el shock de dinero del club Palmeiras, finalista de la Copa Libertadores.
Los grandes medios como Valor, O Globo y Folha de Sao Paulo colocaron en tercer plano el escándalo surgido de las filtraciones con origen anónimo que en Brasil tiene como socios a la revista Piauí y al sitio Poder 360.
El líder de la oposición en la Cámara baja, el diputado Alessandro Molon, expresó que se trata de acciones constitutivas de delito. «Viola directamente el artículo 5 del Código de Conducta de la Alta Administración Federal y, por tanto, debe dar lugar a la renuncia del ministro. Desde la oposición vamos a proponer la citación del ministro y del presidente del Central para dar aclaraciones a la Cámara de Diputados y presentar un recurso de representación en el Ministerio Público Federal (primera instancia) por improbidad administrativa en contra de ambos», detalló.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red de reporteros y organizaciones de medios con sede en Washington, dijo que los archivos están vinculados a unos 35 líderes nacionales actuales y previos, y más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios.
