Un total de 62 organizaciones locales, nacionales y extranjeras, y comunidades kawésqar, le pidieron al diputado Jorge Brito, presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de Chile, que presente un proyecto de ley que estipule la prohibición de la instalación de concesiones acuícolas en áreas protegidas bajo la consigna #ÁreasProtegidasSinSalmoneras.
Algunas de las organizaciones que firman esta petición son Patagonia, Fundación Rewilding Chile, el movimiento ciudadano Defendamos Chiloé, Comunidad Indígena Kawésqar, Comunidad ATAP, Fundación Terram, Oceana, ONG FIMA y Fundación Mission Blue, que lidera la destacada oceanógrafa y líder internacional en la conservación de océanos, Sylvia Earle.
Esta solicitud viene precedida del recordado episodio de florecimiento de algas nocivas que comenzó a registrarse los últimos días de marzo de este año en el fiordo Comau, en la Región de Los Lagos, y que más tarde se expandió a la Región de Aysén, lo que produjo mortalidades masivas de salmones en centros de cultivo en el sur de Chile.
Según explicó Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, en la actualidad «existen cientos de concesiones al interior de áreas en Chile que han sido destinadas para la conservación de la biodiversidad, lo que resulta absolutamente incompatible con una actividad intensiva y con conocidos impactos en los ecosistemas como la salmonicultura, la que ha demostrado no estar a la altura de las exigencias ambientales».
«La industria salmonera se ha instalado en áreas protegidas debido principalmente a dos razones. Primero, a que la legislación actual abre la puerta a dicha posibilidad tratándose de ciertas categorías de áreas protegidas, como Reservas Nacionales y Forestales, o Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU). En segundo lugar, ha sido la propia autoridad la que ha permitido la existencia de concesiones salmoneras al interior de áreas protegidas donde ello se encuentra expresamente prohibido, como en Parques Nacionales», aseveró.
En tanto, Alex Perry, gerente general de Patagonia para América Latina, afirmó que existe evidencia de que la industria salmonera «es una amenaza tanto para los ecosistemas prístinos de la Patagonia, como para la salud de los habitantes y el desarrollo económico, y esto ha quedado demostrado cuando ocurren desastres ambientales, como se ven cada año».
Por su parte, Leticia Caro, representante comunidad kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, manifestó que es importante «avanzar con una ley que retire a la salmonicultura de las áreas protegidas, sin olvidar que estos son, además, territorios indígenas».
Por último, Juan Carlos Viveros, vocero del movimiento ciudadano Defendamos Chiloé, sostuvo: «Somos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y llega una mega industria a cambiar nuestras costumbres por cuatro décadas, de manera continua, lo que se convierte en una enorme transgresión cultural. El resultado de esto es una tremenda deuda impaga y quizás ya imposible de saldar», concluyó.
