Desde que fue promulgada la ley de eutanasia en Colombia, en 2015, el Ministerio de Salud estableció que el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida dejó de ser digna producto de esta; y manifestar el consentimiento de manera «clara, informada, completa y precisa».
Además, la ayuda para morir debe prestarla «un profesional de la medicina» con la autorización de un «comité científico-interdisciplinario».
Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si esto va en contra de sus creencias personales.
En el país, de acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «todavía existen barreras dentro del sistema de salud que no permiten que el ejercicio del derecho fluya con normalidad».
«Entre esos retos se encuentra el desconocimiento sobre los derechos y deberes por parte de los ciudadanos y las entidades del sistema de salud y la burocracia e inoperancia en los procedimientos para recibir las solicitudes y convocar el comité científico-interdisciplinario», indican.
Pero además de Colombia hay otros seis países en el mundo donde es legal la eutanasia activa: España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.
Con la excepción de Colombia, donde todavía existen muchas lagunas legales y técnicas para su aplicación, la eutanasia directa está prohibida en la totalidad de países de América Latina.
En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte recientemente falló a favor de una solicitud de Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años y que reclamaba su derecho a una muerte digna.
Otras naciones de la región tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva, como son los casos de Chile, Argentina, México y Uruguay.
En Argentina, el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles.
Asimismo en Chile, también desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos. Pero en diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de «Muerte digna y cuidados paliativos» que busca, bajo determinadas condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.
La Ciudad de México y los estados de Aguascalientes y Michoacán, en México, también permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Sin embargo, varios proyectos de leyes para autorizar la eutanasia fallaron en el Congreso.
En Uruguay cuentan con una la ley conocida como de «voluntad anticipada» o «del buen morir», que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos.
En otros lugares del mundo, aunque la eutanasia directa o activa está prohibida, existen regulaciones que permiten otras formas de «muerte compasiva», como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para terminar su vida al paciente, que debe tomarlos por sí mismo.
Esta práctica es legal en Alemania, Suiza, el estado australiano de Victoria y en los estadounidenses de California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Vermont y Washington y también en el Distrito de Columbia.
