Cientos de exmilitares guatemaltecos bloquearon dos fronteras terrestres, el paso a un puerto marítimo y unos 15 tramos de carreteras para reclamar al presidente Alejandro Giammattei el pago de una indemnización por sus servicios durante la guerra civil (1960-1996).
«Lo que queremos es que aprueben una ley que nos favorece», expresó uno de los militares retirados, durante uno de los bloqueos en el departamento de Alta Verapaz, en el norte del país.
Los manifestantes buscan que el Congreso, controlado por el oficialismo y sus aliados, apruebe una iniciativa de ley que autorice la indemnización de unos 15.000 dólares para cada soldado jubilado por su labor durante el conflicto armado interno, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría por el accionar del Ejército.
En Guatemala existe una ley de resarcimiento para víctimas de la guerra civil, viudas y huérfanos, pero la legislación no incluye a los miembros de las fuerzas armadas.
Alejandra Mena, vocera de Migración de Guatemala, les dijo a los periodistas: «Los manifestantes cerraron el paso en las fronteras de Tecún Umán, limítrofe con México, y en Valle Nuevo, que comunica con El Salvador».
«También bloquearon el acceso hacia Puerto Quetzal, una de las más importantes terminales marítimas del país en el Pacífico», agregó.
Por su parte, la Policía de Carreteras de Guatemala informó del cierre de caminos en 15 puntos del país.
«Si no hay una respuesta satisfactoria continuaremos con los bloqueos durante tres días», agregó otro manifestante, al explicar que líderes del movimiento tenían prevista una reunión con diputados para exigir el avance del proyecto de ley.
Los militares retirados protagonizaron en junio y agosto pasados protestas similares para presionar por la ratificación de la iniciativa presentada en 2019 por el diputado Felipe Alejos, un congresista incluido recientemente por Estados Unidos en una lista de «corruptos».
El presidente Giammattei es destinatario de duras críticas de gran parte de la sociedad, que llegó a exigirle varias veces la renuncia tras ver frustradas sus demandas sociales y económicas, a la vez que le endilgan actos de corrupción, especialmente en su gestión en la pandemia de coronavirus.
