El expresidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda judicial para impedir la divulgación de registros hechos por la Casa Blanca durante su Gobierno sobre el ataque de sus seguidores al Capitolio del 6 de enero para impedir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.
Según documentos judiciales hechos públicos, Trump quiere impedir que esos documentos lleguen a manos de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque, que dejó decenas de policías heridos, puso en fuga a legisladores e interrumpió el proceso de certificación.
Uno de los argumentos que Trump utiliza para invocar el secreto es que hacer públicos esos documentos podría poner en peligro la seguridad de Estados Unidos y la división de poderes.
La impugnación probablemente desatará un prolongado enfrentamiento de alto nivel en los tribunales que pondrá a prueba la autoridad constitucional del Congreso para investigar al Ejecutivo.
Según el texto presentado por Trump, la investigación es «una estratagema política para satisfacer a sus aliados del partido», aludiendo al presidente Biden, quien «se ha negado a ejercer el privilegio ejecutivo» que tiene, como presidente, de bloquear la divulgación de los registros.
El privilegio ejecutivo es una prerrogativa del presidente a mantener la confidencialidad de algunos datos.
El exmandatario insiste en que lo único que busca la comisión con el requerimiento de publicación de esos papeles es acosarlo a él y a quienes trabajaron en su Gobierno.
Miles de seguidores de Trump tomaron por asalto el Capitolio hace nueve meses en un intento por revertir la victoria electoral del presidente Biden.
Fueron alentados por Trump, quien más temprano había dado un encendido discurso sobre un supuesto fraude eleccionario.
Los investigadores del Congreso buscan testimonios de funcionarios que puedan explicar qué tanto sabía del ataque Donald Trump -quien considera la posibilidad de volver a postularse para un segundo mandato en 2024- antes de que ocurriera, y qué hizo mientras tuvo lugar.
Desde finales de agosto, los Archivos Nacionales han estado enviando a Biden y Trump voluminosos registros requeridos por los investigadores, dándoles 30 días para revisar el material.
La Corte Suprema dictaminó que el presidente puede mantener algunos documentos y conversaciones confidenciales para permitir conversaciones más sinceras con sus ayudantes. Pero ningún tribunal se pronunció sobre si el privilegio se extiende a los expresidentes.
Por ahora Biden tiene la última palabra y permitió que se libere un primer lote de documentos pese a las objeciones de Trump.
La demanda pide a un juez federal declarar inválido cualquier pedido del comité legislativo e impedir a los Archivos Nacionales entregar más material.
Aunque es probable que pierda la demanda, el intento podría atrasar la divulgación de los archivos por meses o años, amenazando con posponer el informe del ataque a una fecha más cerca de las elecciones de medio mandato de 2022, lo que permitiría acusaciones de sesgo por parte del entorno de Trump.
El expresidente pidió que sus colaboradores de más alto nivel -desde su último jefe de Gabinete, Mark Meadows, hasta el estratega político Steve Bannon- desafíen la citación a comparecer ante el selecto comisión.
