La organización defensora de derechos humanos (Human Rights Watch) denunció al Gobierno de Cuba no solo por reprimir «brutalmente» a las protestas callejeras de julio pasado sino también por «detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos».
«El Gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso», aseguró el investigador para las Américas de HRW, Juan Pappier, quien además describió a las protestas como «abrumadoramente pacíficas».
«Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en diferentes áreas de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir las protestas», remarcó.
Miles de cubanos salieron a las calles en diferentes partes de la isla el 11 de julio pasado para protestar por violaciones a los derechos humanos, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta de las autoridades ante la pandemia de coronavirus.
Fueron las manifestaciones contra el Gobierno cubano más concurridas en décadas, a las que las autoridades calificaron como una campaña promovida por sus detractores de fuera de la isla a través de las redes sociales.
Cuba vive una de sus peores crisis económicas de las últimas décadas, que se agravó por la pandemia del Covid-19 y las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos en busca de presionar un cambio de modelo político en la isla.
De acuerdo con HRW, cientos de manifestantes fueron detenidos durante las protestas, entre ellos críticos y opositores.
«Muchos de esos detenidos fueron sometidos a abusos brutales durante su detención y decenas enfrentaron juicios que violaron las garantías del debido proceso», aseveró Pappier.
Entre los funcionarios implicados en esos abusos, HRW menciona a miembros de los servicios de inteligencia, las fuerzas militares, la policía nacional y los integrantes de la brigada especial del ministerio del Interior conocida como «boinas negras».
Además, detalló, que algunos grupos civiles organizados por el gobierno -conocidos como brigadas de respuesta rápida- estuvieron implicados en golpizas, mientras que jueces y fiscales «facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos».
Por último, HRW documentó detalladamente violaciones de derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas y en la Isla de la Juventud, considerada como un municipio aparte. Esas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos.
