La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una segunda resolución exigiéndole a Nicaragua la «liberación inmediata» de todos los opositores detenidos, entre ellos siete aspirantes a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre próximo, acusación que el Gobierno de Daniel Ortega rechazó.
El texto, adoptado durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional y siete abstenciones, entre ellas las de las delegaciones de Argentina, Bolivia y México.
Tras su resolución sobre Nicaragua adoptada el 15 de junio, el órgano ejecutivo de la OEA decidió «reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos».
«Los intentos del Consejo Permanente de comprometer al gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados», señala el texto, expresando su «grave preocupación».
Además, el escrito subraya «con alarma» el «deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos» en el país centroamericano, así como el «empeño» del gobierno de Ortega de «minar» el proceso electoral.
«Las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua no cumplen con los criterios mínimos para elecciones libres y justas tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana y, por lo tanto, debilita la credibilidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar el 7 de noviembre de 2021», indica la resolución.
Como en junio pasado, el Consejo Permanente de la OEA vuelve a urgir «con vehemencia» a las autoridades nicaragüenses a realizar las reformas necesarias para celebrar comicios transparentes «bajo observación internacional creíble».
Por otra parte, el texto advierte que se pueden tomar «otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones» en Nicaragua, durante la próxima asamblea anual de la OEA, que se realizará en Guatemala del 10 al 13 de noviembre.
La resolución, patrocinada por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó), fue celebrada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En los últimos meses, 37 opositores fueron detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo.
Sin embargo, el Gobierno nicaragüense rechazó las acusaciones: «En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno, no hay un solo inocente procesado, ni uno, los que están siendo objeto de procesos legales, son agentes extranjeros, identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas, internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional», denunció el Ejecutivo.
«No son palomas de basílicas, las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores. Por menos que eso, en muchos de sus Estados, sus leyes les aplicarían penas muy graves», refirió el texto.
La posición oficial de Nicaragua reafirmó que las violaciones a los principios de no injerencia en asuntos de otros Estados y de respeto a la autodeterminación y soberanía de cada pueblo no le permite a la OEA licencias para calificar un proceso (político y judicial) interno institucional de otro país.
