Michael Healy y Álvaro Vargas, los dos máximos líderes de la patronal empresarial de Nicaragua fueron detenidos, lo que eleva a casi 40 la lista de opositores arrestados a dos semanas de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que se descuenta un triunfo de la actual fórmula presidencial integrada por Daniel Ortega y su influyente esposa Rosario Murillo.
Los apresados fueron el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes entre otras cosas son «investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos», informó la Policía Nacional en un comunicado.
Asimismo, se los indaga «por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo».
«Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato», reaccionó el Cosep en Twitter.
Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes a la presidencia, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas.
Healy fue arrestado poco después de salir de las oficinas del Ministerio Público (fiscalía), donde fue citado para una entrevista que no se produjo y que, según dijo, iba a ser reprogramada.
Cuando abandonaba la fiscalía los periodistas le preguntaron si temía ser arrestado y respondió que «necesariamente no», no obstante, al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por agentes de la policía armados.
Healy ocupa el máximo cargo empresarial del país desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, quien está bajo arresto desde julio por cargos de «conspiración para cometer menoscabo a la soberanía», según la acusación de la fiscalía.
Los arrestos de Healy y Vargas ocurren un día después que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la «liberación inmediata» de los opositores detenidos en una sesión en Washington en la que se abordó la situación de Nicaragua.
Las detenciones se produjeron en pleno proceso electoral, en el que el presidente Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa Rosario Murillo, ya sin rivales que pongan en riesgo su victoria, según opinión unánime de los analistas.
Tanto la oposición como varios organismos internacionales objetaron con mucha anticipación la legitimidad de los comicios, por la persecución y arresto de contendores y su aparente falta de transparencia.
