La Comisión de Investigación del Senado de Brasil aprobó por siete votos contra cuatro el informe que acusa de nueve delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, al presidente Jair Bolsonaro por sus acciones y omisiones durante la pandemia, y también a sus tres hijos parlamentarios y otras 76 personas, entre ministros, exfuncionarios y empresarios.
Los cargos contra Bolsonaro: crimen de responsabilidad por haber defendido la inmunidad de rebaño sin vacuna, uso irregular de dinero público, crimen contra la humanidad, charlatanismo, prevaricato en el fraude de la compra de vacuna Covaxin, incitación al delito, falsificación de documento, delito de epidemia y delito contra norma sanitaria como el no uso de barbijo fueron presentados ante el fiscal general de la República, Augusto Aras.
Bolsonaro se convirtió así en el primer presidente de la historia de Brasil acusado de crímenes contra la humanidad, algo por lo cual será presentada una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.
El relator del informe, el senador Renán Calheiros, calificó en su discurso final «de homicida a Bolsonaro», a quien además tildó de «un misionero enloquecido para matar a su propio pueblo».
«El caos del gobierno de Bolsonaro entrará en la historia como el más bajo escalón de la indigencia humana y civilizatoria» y lo igualó a «carniceros» como Adolf Hitler, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y el torturador brasileño Carlos Brilhante Ustra.
«Bolsonaro está al lado de estos facinerosos», subrayó con vehemencia Calheiros en la última sesión.
La comisión también les pidió al fiscal general y al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) prohibir el acceso de Bolsonaro a las redes sociales y quebrar el secreto de las cuentas del mandatario desde abril de 2020 para determinar su responsabilidad en la diseminación de noticias falsas sobre el Covid-19.
El pedido fue realizado en la última sesión de la comisión, luego de que las plataformas Facebook y YouTube eliminaron la divulgación de un video de Bolsonaro del jueves pasado en el cual vincula la vacunación contra el coronavirus con la posibilidad de contagiarse con el VIH, una mentira que fue dicha durante una transmisión en vivo.
La novedad fue haber incluido un intento para que las redes sociales le cierren el camino a Bolsonaro, algo parecido con lo que ocurrió en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, otro negacionista de la pandemia.
El pedido ya fue enviado al fiscal general, Aras, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien investiga a Bolsonaro en una megacausa sobre fake news.
Uno de los pedidos aprobados por mayoría en la comisión prevé quebrar el secreto telemático de Bolsonaro en las redes de las empresas estadounidenses Twitter, Google y Facebook para que provean los datos de administración y accesos de las cuentas para publicar noticias falsas sobre la pandemia.
Bolsonaro está siendo acusado de nueve delitos entre ellos «charlatanismo», previsto en el Código Penal, por haber lanzado una suerte de campaña para tomar remedios sin eficacia para un inexistente tratamiento preventivo, con el objetivo de evitar que la población haga cuarentena.
El pedido incluye una solicitud al juez Moraes para que el presidente se retracte de sus mentiras, so pena de una multa de 50.000 reales (unos 9.600 dólares) por día de incumplimiento.
Entre los imputados quedó el poderoso exjefe de gabinete y actual ministro de Defensa, el general retirado Walter Braga Netto; el gobernador de Amazonas, Wilson Lima; el general retirado Eduardo Pazuello, exministro de Salud; y la cúpula y médicos de la prepaga Prevent Senior de San Pablo, entre otros.
Bolsonaro, por su parte, viajó al amazónico Roraima para visitar a refugiados venezolanos que viven en Brasil y alertó sobre «el peligro del comunismo», en una clave electoral para las elecciones de 2022. Lo transmitió en vivo por Facebook a la misma hora de la sesión de la comisión, tras lo cual festejó el cumpleaños 106 de la Asamblea de Deus, pionera entre los evangélicos.
