El juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó el arresto de Wayne Stensby, CEO del consorcio privatizador canadiense-norteamericano LUMA Energy, por negarse a entregar documentos requeridos por la Cámara de Representantes de Puerto Rico como parte de una investigación acerca del control de la transmisión y distribución de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
LUMA Energy asumió esa tarea el 1 de junio pasado y su desempeño en estos cinco meses estuvo matizado de controversias, incluso por los constantes cortes de electricidad que causaron miles de dólares en pérdidas a la ciudadanía por el daño a electrodomésticos.
Stensby, que cuenta con el respaldo explícito del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se niega a revelar a Luis Raúl Torres, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, una serie de documentos, incluido el personal del que dispone y los salarios.
Como parte del proceso de privatización de la AEE, impulsada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) en acuerdo con el ala neoliberal del Partido Popular Democrático (PPD), LUMA Energy entró al escenario sin aportar un solo centavo, ya que se nutre de los fondos que recibe el ente estatal.
El dinero para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico proviene de la estadounidense Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), por lo que se necesita la permanencia de la AEE, ya que no puede entregarse a una compañía privada, como lo es LUMA Energy.
Se prevé que durante la vigencia el contrato inicial por 15 años permita a la empresa norteamericana recibir 18 mil millones de dólares destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico puertorriqueño, afectado por los años y el huracán María en septiembre de 2017.
Según denuncia la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), LUMA Energy cuenta con una veintena de vicepresidentes cuyos salarios particulares superan los 500 mil dólares anuales.