La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Nicaragua en «desacato» por no cumplir tres resoluciones en las que se le ordenó liberar -al menos- a 21 dirigentes opositores presos, entre ellos cinco precandidatos a la Presidencia.
En la resolución, publicada en su sitio web, el organismo sostiene que la actitud del gobierno del presidente Daniel Ortega «constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este tribunal».
«Eso además es contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al tribunal”, subrayó el documento.
La Corte IDH detalló que las resoluciones incumplidas por Managua son las emitidas el 24 de junio, el 9 de septiembre y el 4 de noviembre, todas de 2021.
El tribunal exhortó al Estado nicaragüense a que libere a los opositores presos, así como que se les facilite el contacto con sus familiares y abogados, y el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos.
Asimismo, le ordenó a Managua que le informe a más tardar el lunes próximo sobre la situación de las personas identificadas en la resolución y que le presente cada mes un reporte sobre la marcha de las eventuales medidas para cumplir esta sentencia.
El viernes pasado, Nicaragua notificó a la Organización de Estados Americanos (OEA, de la que depende la Corte IDH) su decisión «indeclinable» de dejar de pertenecer a ese ente, trámite que demanda dos años durante los cuales el país que se retira está obligado por el estatuto a cumplir sus compromisos como miembro.
Justamente el Consejo Permanente de la OEA sesionará el lunes virtualmente, donde no solo evaluará el pedido de Nicaragua sino que además analizará la Carta Democrática Interamericana y la de la propia organización.
El pasado 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA declaró «ilegítimas» las elecciones generales del de noviembre en Nicaragua y solicitó una evaluación por parte del Consejo Permanente de la crisis que atraviesa el país.
Daniel Ortega ganó los comicios con el 75 % de los votos en un proceso que, según la OEA, «perdió credibilidad por la represión contra los opositores, que terminaron en la cárcel o el exilio» antes de la celebración del proceso electoral.
