El Gobierno de Perú evalúa declarar el estado de emergencia en el puerto limeño del Callao y la provincia norteña de Trujillo para combatir el incremento de casos de actividades ilegales de sicarios y extorsión, informó el ministro del Interior, Avelino Guillén.
«Necesitamos medidas severas e intensas. Está en evaluación la adopción de determinadas medidas que, por ahora, no puedo revelar. Pero sí tengo en claro que hay tal situación de impunidad y violencia que exige una respuesta más firme de parte del Estado», afirmó Guillén.
La delincuencia y las organizaciones criminales se incrementaron en los últimos meses, al punto de que los medios locales informan diariamente de robos, atentados y asesinatos en el país, principalmente en Lima y Callao.
El Gobierno de Pedro Castillo contempla la posibilidad de desplegar a agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional para la vigilancia en el Callao y detectar la procedencia del tráfico ilegal de armas mediante acciones de inteligencia.
Guillén adelantó, además, que su cartera evalúa proponer que la extorsión sea tipificada penalmente como «terrorismo extorsivo» para que se pueda aplicar las máximas sanciones a los que cometan este delito.
De hecho, el ministro reconoció que durante una visita que hizo a la región andina de Huancavelica le informaron de que el acoso de los extorsionadores provocó que varias empresas abandonen las obras que se realizan.
«Piden dinero a las empresas para permitirles trabajar. Hasta van al mismo domicilio de los empresarios para pedirles ‘cupos’ a cambio de dejarlas trabajar. Entonces, el empresario paga el cupo y deja de pagar impuestos o no hace la obra y se genera desempleo», concluyó Guillén.
