Comienzan los juicios a opositores en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua anunció que en las próximas horas se realizarán los juicios a los 46 opositores acusados de ser agentes extranjeros, por entender que recibieron recursos de otros países para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos, y violentaron la Constitución, el Código Penal y la Ley de Seguridad Soberana, medida que fue objetada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

«En estricto apego a la Constitución y las leyes de la república, y dándole cumplimiento a los plazos legales y a la programación de las correspondientes agendas judiciales, se realizarán los juicios orales y públicos de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar», detalló la institución en un comunicado.

El 5 de junio de 2021 fue detenido el aspirante a la presidencia Arturo Cruz en el aeropuerto internacional de Managua cuando regresaba de Estados Unidos, país donde fue embajador de Nicaragua, nombrado por el presidente Ortega tras su retorno al poder en 2007.

A la detención de Cruz le sucedieron las capturas de los también precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, señalados entonces de «terrorismo» y de «conspirar contra la soberanía del país».

También fueron arrestados José Adán Aguerri, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Luis Rivas Anduray, gerente general del Banco Grupo Promerica (Banpro) y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa.

La lista también la integran las dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora Téllez, Ana Vigil y Suyén Barahona, las liberales Violeta Granera y Fernanda Flores (esposa del ex presidente Arnoldo Alemán), Michael Healy y Álvaro Vargas, y directivos del Cosep, entre otras personalidades políticas ligadas a ONG, que suman cerca de medio centenar arrestados entre junio y noviembre de 2021.

Criminales y delincuentes

El Ministerio Público los catalogó como «criminales y delincuentes» y sostuvo que reincidieron en delitos contra la sociedad, además de promover las protestas de 2018 en cuya represión murieron alrededor de 300 personas.

También fueron acusados de solicitar a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) sanciones contra el gobierno y un supuesto bloqueo económico a Nicaragua.

El pasado 11 de diciembre, Ortega calificó de «terroristas» y «criminales» a los opositores capturados, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica como presos políticos que hay que liberar.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, reiteró que el gobierno «debe liberar a todos los detenidos de manera arbitraria» en el marco de la crisis desatada tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

La CIDH también instó al Ejecutivo a liberar a los presos y garantizarles «el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada y cesar todo hostigamiento en su contra».

En el poder desde 2007, Ortega, quien asumió el cuarto mandato consecutivo el 10 de este mes, tras ser reelegido en cuestionados comicios, insistió en que los opositores presos son «criminales» que planeaban un golpe de estado con apoyo de Estados Unidos.

 

El comunicado es insólito

La abogada Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), tildó de «insólito” el comunicado del Ministerio Público y consideró que los calificativos utilizados contra los presos políticos «vaticinan una segura condena contra personas inocentes”.

«Nadie se debe llamar a engaño: estos no son juicios, son farsas represivas que el régimen utiliza para emitir sentencias condenatorias y seguir intimidando a la población hasta su sometimiento total”, afirmó la jurista.

Núñez exigió «la liberación inmediata y definitiva de todas las personas presas políticas” y advirtió que el gobierno de Ortega puso en marcha «un plan de exterminio” de los opositores detenidos.

«Al someterlos a tortura, sin alimentación ni medicinas adecuadas, están creando las condiciones para privarlos de la vida y estos juicios son parte de todo eso”, concluyó.