Decenas de personas de la comunidad LGBTI se manifestaron frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), en Caracas, para exigir una respuesta a la demanda sobre el matrimonio igualitario introducida hace siete años y que hasta ahora no ha tenido una respuesta.
Una pareja de lesbianas, una mujer vestida de novia y la otra de negro con una bandera del arcoíris de la comunidad LGBTI (que nuclea a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) amarrada al cuello, se besaron durante esta manifestación desarrollada frente a la corte mientras exhibían una pancarta con la leyenda «Casarme en mi país es mi derecho».
«Estamos exigiendo al TSJ que se vuelva a hablar sobre el proyecto de ley del matrimonio civil igualitario. Son siete años de retardo procesal, cuando la ONG Venezuela Igualitaria, introdujo esta propuesta de ley ante el TSJ», afirmó Karina Mantilla, de 30 años, quien lucía el vestido blanco de novia.
«Tenemos tres años de pareja y tres meses de comprometidas, y en algún momento quisiéramos que todo esto que ven acá sea real», agregó.
Y siguió: «Venezuela, un país fervorosamente conservador y religioso, está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población LGBTI», subrayó.
En tanto, varios de los manifestantes explicaron que «el Código Civil venezolano establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer, y la comunidad ha pedido durante años una reforma a la normativa».
«Las autoridades han prometido, en diversas oportunidades, avanzar en materia de igualdad de género, pero hasta la fecha no hay pasos concretos», criticaron.
Por su parte, Giovanni Piermattei, presidente de la ONG Venezuela Igualitaria, explicó que en 2021 hubo más de 20 crímenes de odio por motivos de orientación sexual o de identidad de género; mientras que en lo que va de 2022 ya son cuatro los casos que registró la organización sin fines de lucros.
Esto, según el defensor de derechos humanos, tiene que ver con el mensaje que el Estado envía a la ciudadanía, al no legislar y reivindicar la identidad de las personas LGBTI a través del acceso a las instituciones.
«Los movimientos evangélicos fundamentalistas cristianos que hacen vida dentro de los partidos aliados al partido de gobierno hacen un enorme peso (…) no es desconocido que en Latinoamérica este movimiento ha crecido enormemente y ocupando espacios de decisión importante», remarcó Piermattei.
Asimismo, el director de la ONG País Narrado, Dani Toro, de 27 años, sostuvo que «no hay voluntad por parte del Estado para avanzar en leyes que favorezcan a la comunidad».
«Incluso países más conservadores, como Brasil y Colombia, que uno podía decir que eran más conservadores, han avanzado», precisó.
Además de Venezuela Igualitaria y País Narrado, las otras ONG que convocaron a la protesta fueron; Fundación Reflejos de Venezuela, Alianza Lambda Venezuela, Venezuela Diversa; País Plural, Caleidoscopio Humano, Ejército Emancipador, Divas de Venezuela, Género Conciencia, Somos Movimiento, Intersex Venezuela, entre otras.
La historia
En 2008 el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la Constitución no prohibía ni condenaba las uniones entre personas del mismo sexo.
Si bien las parejas homosexuales tenían contemplados todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la Constitución no les reconocía protección especial equiparable al matrimonio o concubinato entre un hombre y una mujer.
En 2016 activistas del movimiento LGBTI introdujeron ante la Sala Constitucional del TSJ una demanda por omisión legislativa, debido a que en 2014 presentaron en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley del Matrimonio Civil Igualitario y este no fue agendado ni discutido en el Parlamento, tal como establece la Constitución Nacional.
Por otra parte, el segundo recurso ante el TSJ es la Demanda por la inconstitucionalidad del Artículo 44 del Código Civil (29/01/2015). Este, según los manifestantes, es el único instrumento jurídico que obstaculiza el matrimonio entre personas del mismo sexo/género.
En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante una opinión consultiva, determinó que los matrimonios entre parejas del mismo sexo deben ser reconocidos y está dirigida a los países firmantes de esa convención. Venezuela está entre esas naciones.
El 22 de octubre de 2020 Nicolás Maduro pidió a la Asamblea Nacional del chavismo discutir sobre el matrimonio igualitario. No obstante, hasta el momento esos debates siguen sin producirse en el Parlamento.
En la región, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México (en algunos estados) y recientemente Chile, son países donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo y sus derechos están contemplados ante la ley.
