El representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, denunció ante el Consejo el «impacto ambiental y económico» causado por el derrame de petróleo del pasado 15 de enero mientras el buque tanque italiano «Mare Doricum» descargaba en la refinería de La Pampilla, propiedad de Repsol, en la zona de Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima.
Según informó a través de Twitter, Forsyth indicó que el país andino se encuentra «frente a un escenario sin precedentes en su historia» y resaltó que el Gobierno de Pedro Castillo «evalúa una drástica sanción y viene realizando sus mayores esfuerzos por la recuperación de los ecosistemas dañados».
Además, el embajador peruano solicitó a la organización hemisférica que se incluya en la agenda de la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente el abordaje de esta tragedia ambiental ocurrida en el mar peruano.
El derrame se produjo hace más de quince días en el terminal número 2 de la refinería La Pampilla, que opera la española Repsol en el distrito de Ventanilla, en la provincia del Callao, colindante con Lima Metropolitana.
Hasta la fecha, el petróleo derramado, que según la empresa alcanza los 10.396 barriles, ya se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla hasta la ciudad de Chancay, en el norte del departamento de Lima.
Perú prohibió a Repsol la carga y descarga de crudo en buques
El Gobierno de Perú ordenó a la empresa Repsol, responsable del derrame de casi 11.000 barriles de petróleo crudo en el mar, que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques, anunciaron fuentes oficiales.
«Se ha dictado la paralización de cargas y descargas de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol», reveló el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.
El funcionario además precisó que la empresa no podrá retomar estas actividades «hasta que se brinden garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de los peruanos».
El hecho fue calificado como «desastre ecológico» por el gobierno local, y la compañía atribuyó el hecho a la erupción volcánica en Tonga.
La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 kilómetros de la refinería, según la fiscalía. Asimismo, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.
El viernes, la justicia peruana prohibió salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol (un español y tres peruanos) y ordenó la «incautación» del buque tanque involucrado, que permanece fondeado a seis millas del puerto del Callao.
«La compañía no ha presentado acciones claras de limpieza ni remediación frente a lo ya sucedido», denunció el ministro Ramírez.
«Repsol no ha dado las certezas de que pueda afrontar un nuevo derrame en las otras tres líneas de carga y descarga que vienen operando en el país», agregó.
Actualmente cientos de brigadistas, entre ellos personal contratado por Repsol, militares y voluntarios, están limpiando una veintena de playas de la costa central de Perú tras el derrame.
Por otro lado, la petrolera destacó el lunes que «usa la tecnología satelital más avanzada y herramientas de inteligencia artificial para monitorear el progreso de las labores de limpieza en la costa peruana».
El crudo derramado causó la muerte de aves y peces, y afectó 21 playas, según el Ministerio de Salud peruano.
Repsol recordó que La Pampilla abastece el 40% del mercado peruano de combustibles y que, por eso, hará «los mayores esfuerzos para evitar el riesgo de desabastecimiento de productos esenciales para los ciudadanos peruanos y el desarrollo del país».
La compañía informó durante el último fin de semana que el 35% del petróleo derramado ya fue recuperado en labores de limpieza del mar y de las playas, y que para potenciar estas acciones transportaría a Perú equipos adicionales desde Estados Unidos, Finlandia, Brasil, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.
