La justicia venezolana le entregó la sede del diario El Nacional, crítico del gobierno de Nicolás Maduro, al líder chavista Diosdado Cabello, luego de ser embargado en mayo de 2021 tras una demanda por «daño moral», informó el medio en su sitio web.
«En un irregular y clandestino remate judicial -señaló una nota de prensa del diario- se adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón», número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), detrás del presidente Maduro.
«La decisión estuvo a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas”, agregó el texto.
«Durante la operación, a cargo del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del área metropolitana de Caracas, tampoco fue notificado el representante judicial de El Nacional», completó el comunicado.
El juicio de los 13 de millones de dólares
El hecho se produjo luego del embargo anunciado en mayo de 2021 para cubrir los 13,2 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, le ordenó al diario pagar a Cabello, en una demanda por difamación introducida en 2015.
«Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de ‘robo judicial’, se completa parte de la condena impuesta a nuestro diario por los supuestos daños morales causados. Solo realizamos el ejercicio legítimo de un periodismo de investigación», subrayó El Nacional.
Según recapitula el comunicado, Cabello demandó al diario y a su director, Miguel Henrique Otero, por publicar un reportaje del periódico español ABC en el que se lo vinculaba con el narcotráfico.
Después de presentar la querella, el poderoso dirigente lanzó varias amenazas al medio fundado hace ocho décadas y prometió convertirlo en una universidad o emplear sus terrenos para la construcción de viviendas populares.
«Yo no quiero plata para mí, será para el pueblo venezolano», sostuvo Cabello en una de sus declaraciones sobre el caso.
La justicia venezolana consideró que Cabello fue «víctima de un daño moral gravísimo», pero demandas similares fueron desestimadas a la vez en España y Estados Unidos contra medios de comunicación de esos países.
El robo del siglo
Ante el fallo de la justicia venezolana, a Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró, al condenar la decisión, que la entrega del diario a Cabello es la «consumación del ‘robo del siglo’ al periodismo independiente».
Más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada al poder de Maduro, denuncia la ONG Espacio Público.
Se trata de «la consumación del ‘robo del siglo’ al periodismo independiente, algo que solo puede pasar en una dictadura», señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Canahuati, CEO del Grupo Opsa, de Honduras, agregó que «la dictadura ha utilizado todas sus armas para cerrar medios y amordazar a la prensa durante estos 20 años, pero esta estrategia político-judicial es tal vez la más creativa».
En el mismo sentido se pronunció Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
«Sin ningún pudor, de forma abusiva y de espalda a lo que dicta la ley, satisface la pretensión de un político que venía fervientemente amenazando con hacer desaparecer al diario», aseveró.
«Una vez más observamos la falta independencia de un sistema de justicia subordinado al poder político», enfatizó.
Canahuati y Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en que «este grave atropello del gobierno contra El Nacional y otros 100 medios independientes ya desaparecidos, manchará la historia de Venezuela».
El Nacional se publica en internet desde hace años, aún antes de la confiscación de los bienes, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno; entre ellas, la falta de acceso a la importación de papel y otros productos para la impresión, detalla la SIP, con sede en Miami.
