Cristosal, una organización humanitaria, le pidió a la Corte de Cuentas de El Salvador que haga «un examen especial sobre el uso de los fondos públicos» del presidente Nayib Bukele, del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), así como de los ministerios de Seguridad y de Defensa ante las denuncias de espionaje -mediante el programa Pegasus- a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
«Interponemos denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para actividades de interferencia e intervención ilegal de las comunicaciones», señaló Cristosal.
«Los hechos denunciados están relacionados con la presunta utilización de fondos públicos para contratar los servicios del programa que permite la vigilancia remota de teléfonos inteligentes y el acceso a los datos personales de ciudadanos sin su consentimiento ni autorización», agregó.
La entidad indicó que los funcionarios que «pudieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia prestados por NSO Group» -que desarrolla el software Pegasus- son el presidente Nayib Bukele, el director de la OIE, Peter Dumas; además de los ministros Gustavo Villatoro, de Seguridad, y René Merino, de Defensa.
Las denuncias contra NSO Group en El Salvador
Amnistía Internacional informó a mediados de enero que una investigación conjunta de las organizaciones Access Now y Citizen Lab «identificaron el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador».
El informe de Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, afirma que logró confirmar «35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021».
La fuente detalló que «los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, y dos periodistas independientes, además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ, Cristosal y otra ONG».
La Asociación de Periodistas de El Salvador avisó el pasado 14 de enero a la Fiscalía de los casos de espionaje.
El Gobierno niega el espionaje
El Salvador niega ser el responsable de la intervención de los teléfonos de al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil del país, por medio del programa espía Pegasus.
Esto después de que un informe publicado por Access Now y Citizen Lab – y respaldado por 4 organizaciones internacionales- indicara que esas personas fueron espiadas entre 2020 y 2021.
«El gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software», aseguró Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones de la presidencia.
La funcionaria sostuvo que el pasado 23 de noviembre de 2021 recibió una alerta de Apple, al igual que otros funcionarios de Gobierno, sobre una posible intervención en su teléfono celular.
Por esa razón, según reveló, el Gobierno ya investiga el posible uso de Pegasus y otros sistemas para intervenir teléfonos en el país.
«Tenemos indicios de que nosotros, funcionarios de gobierno, también estamos siendo víctimas de ataques”, agregó Medina.
Según la secretaría de Comunicaciones, el Gobierno de El Salvador «no está relacionado a Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group».
NSO Group se desligó del tema
La empresa israelí NSO Group, creadora del software Pegasus, tras la divulgación de esta nueva investigación. aclaró que «no hay sistemas activos en El Salvador», pero se comprometió a investigar, una vez reciba los números de teléfono que supuestamente fueron intervenidos, para determinar si en el pasado hubo un mal uso de su sistema.
NSO reveló que «solo provee el software pero no opera la tecnología y que tampoco tiene acceso a los datos recopilados».
Y agregó: «El uso de herramientas cibernéticas para monitorear a disidentes, activistas y periodistas es un mal uso grave de cualquier tecnología.
En su sitio web, la firma israelí aseguró que busca garantizar que los clientes con licencia utilicen sus productos solo «para sus fines legales y necesarios de prevención e investigación del terrorismo y delitos graves».
Por esa razón, agrega que otorga licencias de sus productos solo a las agencias gubernamentales de inteligencia y aplicación de la ley.
Los sistemas se venden siguiendo un proceso de investigación y licencia por parte del ministerio de defensa israelí.
El Salvador aparece en una lista de 25 países cuyos gobiernos habrían adquirido un sistema de vigilancia a la compañía Circles, afiliada a NSO Group, según un estudio publicado en diciembre de 2020 por Citizen Lab.
De acuerdo con ese reporte, el sistema funcionaría desde 2017, en el segundo gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
