La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó una solicitud que en 2020 realizó la entonces presidente de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, para investigar por crímenes de lesa humanidad al exmandatario Evo Morales del mismo país y a los organizadores de una movilización para bloquear rutas.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, aseguró que no abriría una investigación formal al respecto, ya que el tribunal no tiene competencia sobre los hechos denunciados.
El Estado de Bolivia, entonces bajo el gobierno de facto de la presidente Áñez, pidió en septiembre de 2020 al tribunal con sede en La Haya que investigara la campaña que, según su denuncia, provocó la muerte de decenas de enfermos de coronavirus.
La denuncia responsabilizó a Morales de la muerte de al menos 40 personas por falta de suministro de oxígeno medicinal, debido a bloqueos de rutas por protestas en agosto de 2020, según un comunicado de la Procuraduría General boliviana al presentar la demanda un mes después de esos hechos.
Los bloqueos de rutas se produjeron en el contexto de protestas que duraron 12 días consecutivos, a principios de agosto, y que se realizaron contra el aplazamiento -en ese momento, de septiembre a octubre- de las elecciones generales en Bolivia.
A raíz de la pandemia de coronavirus, el gobierno de Áñez postergó varias veces los comicios, previstos en principio para mayo de 2020 y efectuados finalmente en noviembre de ese año.
Bolivia prometió respetar el «el debido proceso» en el juicio a Áñez
El gobierno de Luis Arce afirmó que procura que el juicio a Áñez por el golpe de estado de 2019 se realice con respeto al «debido proceso y «observación internacional».
«Queremos llevar adelante el juicio en las condiciones máximas de respeto al debido proceso y con la observación internacional», afirmó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
«Pero lo que vemos al frente es una huelga de hambre y 160 personas que ingresan a la audiencia virtual para insultar y agredir», agregó el funcionario.
El proceso a Áñez debía comenzar el jueves pasado, pero el tribunal a cargo resolvió posponerlo hasta mañana, debido a cuestionamientos formales presentados por la defensa, a problemas técnicos y a las protestas que generó que la audiencia fuera remota.
En el juicio -en el que, además de la exmandataria, están imputados siete exmilitares y un expolicía, todos de alto rango- se busca determinar si la salida del presidente Evo Morales y su reemplazo por el gobierno interino de Áñez se efectuaron mediante un golpe de estado o un mecanismo constitucional.
«Lo que se definió tiene una connotación muy relevante, porque le permite al país conocer la manera en la que se llevará adelante este juicio», explicó Lima.
Y continuó: «Entendemos que el tribunal ha tomado una decisión por el bien del procedimiento para que no existan vicios y para que no ocurra que más adelante algún tribunal de casación o tribunal constitucional pueda anular el proceso», precisó.
Asimismo, el ministro lamentó el tratamiento que están recibiendo los magistrados, a quienes, a su juicio, se está «buscando lincharlos mediáticamente porque se han estado publicando sus fotos y nombres, promoviendo que se los ataque», aseveró Lima.
Áñez, de 54 años, está presa desde hace 11 meses y el miércoles pasado inició una huelga de hambre, «por lo que desde entonces solo ingiere líquidos y caramelos, y su salud presentaba hoy descompensaciones», según su abogada, Norka Cuéllar.
«Ayer todavía se encontraba relativamente bien, pero hoy ya está presentando algunas descompensaciones propias de la no ingesta de alimentos durante seis días», añadió la letrada.
Cuéllar detalló que Áñez «estaba con dolor de cabeza, con algunos calambres y algunas otras molestias importantes».
Por tal motivo recibió a su médico particular y solicitó que el relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, el excanciller peruano Diego García Sayán, que ya está en Bolivia, la visite en el penal de Miraflores.
