La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de la vicepresidente de Argentina, Cristina Kirchner, en la causa de los llamados «cuadernos de la corrupción» en la que está enviada a juicio oral y público.
La Sala I del tribunal, por mayoría, no aceptó un planteo contra el rechazo de una serie de nulidades del expediente contra su procesamiento y su embargo de 1.500.000.000 de pesos (aproximadamente 14 millones de dólares).
Fuentes judiciales informaron que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, insistirá en su postura, presentará en los próximos días un recurso extraordinario ante Casación, y -si es rechazado- irá directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir su sobreseimiento.
En septiembre de 2018, el fallecido juez Claudio Bonadio procesó a Fernández y pidió su prisión preventiva -que no se hizo efectiva por tener fueros como senadora y que fue revocada en 2020- por la denominada «causa de los cuadernos de la corrupción», al considerar que la expresidente fue la jefa de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015, así como beneficiaria de 27 hechos de soborno.
En ese sentido, el máximo tribunal penal rechazó la queja interpuesta por la defensa de la exmandataria.
«Que la presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena», sostuvo el juez Diego Barroetaveña en su voto.
«En el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fernández tampoco se observa que se hayan invocado agravios que no se hubiesen oportunamente efectuado a través de planteos independientes que fueron objeto de tratamiento de otros incidentes. Así la impugnación intentada sólo revela una disconformidad con la desestimación dispuesta, que no es suficiente para configurar un supuesto de arbitrariedad o cuestión federal que autorice la apertura de esta instancia casatoria», agregó.
En la misma sintonía opinó el camarista Daniel Petrone. «La defensa de Cristina no logra refutar de forma adecuada en su presentación directa la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que se advierte como objeción al recurso de casación intentado», afirmó.
«Por lo demás, la sola alegación de una situación de gravedad institucional, sin una correcta fundamentación que evidencie que la causal se ha producido en la especie, tampoco alcanza por si sola para la procedencia del recurso intentado», añadió.
En disidencia votó la tercera integrante de la Sala I de Casación, Ana María Figueroa. «Si bien la decisión recurrida no constituye una resolución definitiva en sentido estricto, desde que no pone fin al pleito, ni hace imposible la prosecución ulterior, en casos excepcionales resulta equiparable a tal, en tanto ocasiona un grave daño de imposible o tardía reparación ulterior que requiere tutela judicial inmediata, conforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», aseguró.
«El recurrente ha criticado la decisión que lo agravia con fundamento en su arbitrariedad y en la violación de derechos y garantías de raigambre convencional y constitucional, motivando la existencia de una cuestión federal, la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio se encuentra habilitada», completó.
La Sala I es un tribunal clave para Cristina Fernández, ya que son los mismos jueces que la sobreseyeron en la causa de dólar futuro y los que tienen que analizar los expedientes «Hotesur-Los Sauces» y la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
En esas causas la vicepresidente está sobreseída con pedidos para que esa decisión se revoque y se ordene el juicio oral.
Cristina tiene 10 días para apelar la confirmación de su procesamiento
La vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, tiene 10 días hábiles para apelar el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que esta semana rechazó un planteo de su defensa y así dejó firme su procesamiento en la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción” que está elevada a juicio oral a la espera de la fecha del inicio del proceso.
Su abogado, Alberto Beraldi, confirmó que llevarán el caso ante la Corte Suprema de Justicia «a través de un recurso extraordinario», por lo que este procesamiento «no está aún firme».
Para eso el Código Procesal Penal de la Nación le da 10 días hábiles, por lo que tiene plazo hasta la primera semana de marzo.
Cuando eso ocurra, la Sala 1 de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, debe resolver si acepta la apelación para que el caso llegue al máximo tribunal.
Si lo rechazan, la defensa tiene la posibilidad de ir directamente a la Corte Suprema con otra presentación, un recurso de queja.
No será la primera presentación que la vicepresidente tenga en el máximo tribunal, ya que hay varios recursos de la causa por las obras públicas al empresario Lázaro Báez y del propio expediente de la causa «cuadernos de la corrupción» que el máximo tribunal todavía no resolvió.
«La causa de los cuadernos de la corrupción»
Surgió en 2018 con las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, que registró en ocho cuadernos los días, hora y lugares a los que llevaba al funcionario Roberto Baratta a buscar dinero de coimas de empresarios que tenían obra pública.
Esas libretas contenían con detalle los movimientos que supuestamente ese conductor realizó durante 10 años para recolectar grandes sumas de dinero de poderosos empresarios para ser después entregadas a altos funcionarios.
Este caso, de gran impacto mediático, mantiene en la cárcel a varios ex altos cargos kirchneristas y empresarios, mientras que muchos otros involucrados se acogieron a la figura del arrepentido y reconocieron la existencia de una red de corrupción.
