Los personajes de la alta sociedad de Venezuela no dudaron en presumir en redes sociales sobre su asistencia a un lujoso soirée en la cima del tepuy Kusari, una velada exclusiva sobre una de las abruptas mesetas de la Gran Sabana venezolana, en el Parque Nacional Canaima.
La escandalosa fiesta de cumpleaños de Rafael Oliveros, un magnate del turismo del país sudamericano, aún da de qué hablar entre activistas ambientalistas que, gracias a la indignación generalizada en redes sociales, vio renovarse el interés en los daños ecológicos que la actividad humana causa, descontroladamente, en Venezuela.
La periodista y socióloga Ángela Oráa estuvo entre las primeras en llamar la atención sobre los excesos de lujo y poder que permitieron a un selecto grupo de socialités acceder a estas áreas protegidas.
«La sociedad venezolana está cargada de frustración e incertidumbre debido a la crisis que vive el país y cualquier detonante puede generar una protesta colectiva», explicó.
«Esa celebración fue asumida en el inconsciente colectivo como una metáfora de riqueza del «yo puedo hacer lo que me venga en gana» mientras el pueblo sufre y pasa hambre», agregó.
Y continuó: «El disgusto colectivo se redujo, en principio, a la manifestación de ostentación de una élite que se da el tupé de celebrar un cumpleaños, ataviados de etiqueta, en la cima de un tepuy».
Sin embargo, para las iniciativas conservacionistas, el escándalo tocó una fibra más profunda.
Las ONG apuntaron al Estado
Tras difundirse las imágenes, la ONG S.O.S. Orinoco no tardó en emitir un comunicado denunciando el atropello ecológico y la negligencia del Estado en preservar lugares protegidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como lo es el Parque Nacional Canaima.
A las denuncias de S.O.S. Orinoco se unieron otras organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Tierra Viva, que promueve y ejecuta proyectos de desarrollo sustentable en Venezuela.
«El escándalo sirvió de resorte para visibilizar otros problemas ambientales tan importantes o de mayor impacto», comentó Alejandro Luy, quien dirige la Fundación.
«Además hay una responsabilidad de distintas instituciones del Estado en el cumplimiento de las leyes y los ciudadanos deben exigir que cumplan su trabajo», remarcó.
Luy, por último, resaltó que en Venezuela «los parques nacionales se ven afectados por la minería, la contaminación producto de derrames petroleros, la deforestación y la mala gestión de residuos sólidos».
En tal sentido, Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), concordó con Luy. «Existen estas actividades turísticas sin control, en ambientes frágiles que tienen como principal objetivo la conservación, investigación y educación», se lamentó.
Tras este escándalo, la SVE vio la oportunidad de que sus denuncias lleguen a más personas.
«Esta atención de personas que no suelen consumir información ambiental, ha permitido que organizaciones existentes y con datos, puedan dar a conocer las diferentes problemáticas y se alerte sobre los diferentes ilícitos ambientales que día a día se cometen en nuestras áreas naturales protegidas», destacó.
Indignación general
Asimismo, la indignación de la población dio pie a que los entes del Gobierno se enfoquen en el tema ambientalista.
La fiscalía abrió una investigación y se inició un proceso administrativo contra Rafael Oliveros, por violar el Reglamento 276 sobre la Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
Además, la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional dio seguimiento a las denuncias y daños causados por la fiesta que se hizo viral en redes.
La sociedad civil, sin embargo, considera insuficiente la respuesta del Estado ante esta situación.
«La política ambiental, principalmente en los últimos 10 años, es errática e incongruente con la legislación venezolana. No existe un ministerio del ambiente y la política nacional está dirigida al extractivismo. Ante ese panorama gubernamental, es difícil esperar una reacción transparente y sostenida en el tiempo», explicó Morón.
Para estas organizaciones, además de iniciar procesos administrativos a los responsables, es importante, también, «reestructurar a lo interno las autoridades ambientales, hacer más campañas de divulgación y, sobre todo, combatir y erradicar la actividad minera ilegal dentro de las áreas protegidas», puntualizó SVE.
