La Justicia de Nueva York ordenó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus hijos declaren en el lapso de las próximas tres semanas en el marco de la causa abierta por supuestas prácticas fiscales fraudulentas de su grupo, la Organización Trump.
El juez Arthur Engoron denegó el recurso interpuesto por el propio Trump y dos de sus hijos, Ivanka y Donald, quienes se negaban a prestar declaración en la investigación abierta por la Fiscalía de Nueva York, que había hallado «pruebas significativas de que «valoraron falsa y fraudulentamente múltiples activos».
«Trump y sus hijos deberán comparecer en un periodo de 21 días para declarar, mientras su hijo mayor, Donald Jr., tendrá 14 días para presentar a la fiscal de Nueva York, Letitia James, los documentos y la información que se le solicita», agregó el magistrado.
De acuerdo con el juez, James tiene «el claro derecho de interrogar a los Trump tras haber descubierto copiosas pruebas de un posible fraude financiero».
La decisión fue celebrada por la fiscal de Nueva York, quien en 2019 abrió una investigación sobre la actividad del grupo familiar de Trump.
«Nadie está por encima de la ley, hoy prevaleció la justicia», sostuvo James en un comunicado.
La defensa de Trump
El abogado del expresidente, Ronald Fischetti, admitió que, si Trump se amparara en esa enmienda, podría dañar una posible defensa criminal.
«No estoy sorprendido con el fallo. No creía en absoluto que fuéramos a ganar ante este juez», subrayó Fischetti.
«Perdimos antes de argumentar. Se lo dije a mi cliente, así que no tenía ninguna esperanza de que este juez nos diera el alivio que queríamos», insistió.
El equipo del expresidente argumenta que Trump es la víctima inocente de una vendetta política dirigida por demócratas como James, que temen que recupere la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales.
Y su equipo advierte que el esfuerzo por forzar su declaración durante la demanda civil es una estratagema para ponerle en peligro en una investigación criminal separada que está montando el fiscal del distrito de Manhattan.
Pero como parte de su investigación, James alegó numerosas «declaraciones y omisiones engañosas» en las presentaciones de impuestos y los estados financieros utilizados para obtener préstamos.
Una declaración de Trump no solo amenazaría con adentrarse en el opaco mundo de la empresa familiar, sino que también sería un ejercicio potencialmente peligroso desde el punto de vista legal para un cliente con fama de exagerado y con una relación a menudo distante con la verdad.
Trump y sus hijos tendrían la opción de alegar su derecho a la Quinta Enmienda para protegerse contra la autoinculpación.
Pero el encuentro podría proporcionar algunos momentos de nerviosismo a los abogados encargados de mantenerlo alejado de los problemas.
Y, en términos más generales, también existe la posibilidad de que una cascada de problemas legales problemáticos empiece pronto a plantear dudas sobre su famosa impunidad política.
Un abogado de la oficina del fiscal general, Kevin Wallace, le dijo al juez que no era inusual que las investigaciones civiles y penales se llevaran a cabo al mismo tiempo.
«El señor Trump es un individuo de alto perfil, sí. Eso es único… Pero los problemas legales con los que estamos lidiando aquí son bastante estándar», aseveró Wallace.
James va por Trump y su familia
La fiscal acusa a los Trump de haber «estimado incorrectamente el valor de estos activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos».
Según un expediente de 100 páginas publicado en enero pasado, James sospecha que la empresa familiar del expresidente infló «fraudulentamente» el valor de algunas propiedades para solicitar préstamos a los bancos y redujo el valor presentado al fisco para pagar menos impuestos.
A fines de diciembre y principios de enero, la fiscal citó a declarar bajo juramento al expresidente y a sus dos hijos, pero la familia Trump no respondió a las citaciones y trató de retrasar la investigación en varias oportunidades.
Eso sí, otro hijo de Trump, Eric Trump, y el jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se presentaron previamente para declarar en la investigación civil e invocaron sus derechos de la Quinta Enmienda cientos de veces cuando fueron interrogados por los investigadores en 2020.
En un comunicado el martes, Trump criticó lo que llamó una «investigación falsa» y una «continuación de una caza de brujas».
Ante los señalamientos de que detrás de la investigación hay una motivación política, Wallace dejó muy en claro que la oficina del fiscal general del estado estaba investigando asuntos relacionados con Trump desde 2013, años antes de que hiciera incursión en la política.
Tales investigaciones incluyen una fundación benéfica y un programa de capacitación en bienes raíces de la Universidad Trump, ambas pesquisas comenzadas mucho antes de que James fuera elegida para el cargo.
Finalmente, en una presentación judicial esta semana, James incluyó una carta de la firma contable de Trump en la que le aconsejan que ya no confíe en los estados financieros de la última década de su empresa, dadas las dudas sobre su precisión.
