El disidente sandinista Irving Larios, de 63 años, fue declarado culpable del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, según informó la Unidad de Defensa Jurídica y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El disidente también fue hallado culpable del delito de propagación de noticias falsas a través de las redes de información, indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrada por abogados independientes que, al igual que el Cenidh, dan seguimiento a los juicios que se llevan a cabo en contra de una cuarentena de líderes opositores o críticos al régimen del presidente Daniel Ortega.
El Ministerio Público pidió a la jueza Nancy Aguirre Gudiel, titular del juzgado décimo penal de juicios de Managua, a cargo del caso, que imponga una pena de 13 años de prisión a Larios, que dirige el no gubernamental Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges) y otra organización civil.
Larios fue capturado en septiembre pasado después de que la organización que dirige, Articulación de Movimientos Sociales (AMS), promovió la iniciativa «paro electoral», que consistía en que los nicaragüenses no salieran a la calle y se abstuvieran de votar en rechazo de las elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega se impuso con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
El disidente luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, derrocada por los sandinistas en 1979. Se incorporó a las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ocupó cargos en el Estado durante el primer régimen sandinista (1979-1990). Se distanció de ese colectivo en 1993.
Otros dos condenados
La Unidad de Defensa Jurídica informó, además, que el juez Félix Ernesto Salmerón, titular del juzgado quinto distrito penal de juicios de Managua, declaró culpable del delito de conspiración al abogado Roger Reyes y al opositor José Alejandro Quintanilla.
Reyes es el abogado del también considerado preso político Félix Maradiaga, uno de los siete opositores que anunciaron sus intenciones de competir contra Ortega por la Presidencia.
Las tres personas se encuentran encarceladas desde el año pasado, en medio de una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa Murillo como vicepresidente, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Los juicios a los opositores se llevaron a cabo a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.
Ortega tildó a los opositores encarcelados de «traidores a la patria, criminales, e hijos de perra de los imperialistas yanquis».
