Representante del Vaticano en Nicaragua dejó el país por disputa con el Gobierno

El nuncio apostólico de Nicaragua, el polaco Waldemar Sommertag, canceló varios compromisos que tenía para esta semana y abandonó el país -presuntamente- por «falta de comunicación con el Gobierno del presidente Daniel Ortega», según un representante del clero.

Entre el representante del Vaticano en el país centroamericano y el Gobierno «no se han dado buenas relaciones, entonces, posiblemente, el papa (Francisco) haya decidido que renuncie a esa función», manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), obispo Carlos Herrera.

«El secretario de la Nunciatura, monseñor Marcel Mbaye Diouf, quedó al frente de la misión diplomática en calidad de encargado de negocios», agregó.

La Nunciatura -misión diplomática de la Santa Sede acreditada en un país- ya había informado que Sommertag «se ausentó» del país el pasado domingo «sin mencionar si esta salida sería temporal o definitiva ni los motivos de esta».

Sin aportar mayores detalles, el obispo Herrera explicó que en las funciones del nuncio ante el Gobierno «había ciertas limitaciones». «¿Si no hay comunicación, de qué sirve estar en esa función de diplomático?», remarcó.

 

Una expulsión de facto

La salida del nuncio ocurre en medio de rumores de prensa sobre una supuesta expulsión del país.

Una fuente diplomática que la forma en que se dieron las cosas, «sin mensaje de despedida al cuerpo diplomático en Managua, y la ausencia de encuentro de despedida con la Conferencia Episcopal, señala una salida precipitada que no se puede explicar sino por una expulsión de facto».

El Gobierno de Ortega, blanco de críticas internacionales por mantener detenidos a más de cuarenta opositores bajo cargos de «menoscabar la soberanía nacional», no se pronunció hasta ahora sobre el tema.

En noviembre, a través de un decreto presidencial, Ortega le había quitado a Sommertag el cargo de «Decano del Cuerpo Diplomático».

El representante permanente del Vaticano llegó a Managua en mayo de 2018, cuando el país era escenario de masivas manifestaciones antigubernamentales, en las que la Iglesia católica fue mediadora para buscar una salida a la crisis.

El nuncio participó como testigo en la segunda etapa de un diálogo, realizado en 2019, que fue suspendido sin resultados.

Familiares de opositores presos que en diciembre lanzaron una campaña para lograr la liberación de sus parientes habían pedido, entre otros actores, al nuncio sus oficios para gestionar ante el gobierno su liberación.

Las relaciones entre el Gobierno y los obispos de la Iglesia católica son tensas, tras una ola de protestas contra Ortega en 2018.

El oficialismo acusa al clero de haberse coludido con sus opositores para un golpe de Estado, como califica esas manifestaciones.