Cuando Gabriel Boric rompió el férreo protocolo para saludar la estatua de Salvador Allende antes de ingresar por primera vez como presidente en La Moneda, inauguró una serie de actos simbólicos que acompañarán su intento de construir un Estado Social en Chile, una ruta que enfrentará resistencias en los anclajes aún vigentes en la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet.
Este 2022 será de grandes definiciones para la institucionalidad chilena. Si se cumplen los plazos establecidos, el órgano elegido en mayo de 2021 para elaborar una nueva Constitución deberá presentar una propuesta antes de mayo de este año, prorrogable por única vez otros tres meses, y que será plebiscitada 60 días después.
Este texto aún en debate impactará en un calendario institucional sobre el que por ahora hay más dudas que certezas, y que incluye la chance de que el mandato de Boric dure menos que los cuatro años establecidos por la actual Carta Magna.
«Si esta nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga que, por ejemplo, un año después de entrada en vigencia la Constituyente, el Gobierno va a llamar a elecciones, éste lo tendrá que hacer», explicó a fines de febrero el ex vicepresidente del órgano Jaime Bassa, aludiendo a esta posibilidad.
En este cúmulo de alternativas, en todo caso, hay algo claro: si es aprobado el nuevo texto constitucional, de todas formas una proporción importante del mandato de Boric ocurrirá bajo la vigencia de la Constitución de 1980, impuesta por el dictador Augusto Pinochet.
Esta Carta Magna impone quórum altos a cualquier modificación legislativa y define al Estado chileno como «subsidiario», es decir, lo consagra como un órgano al que no le corresponde absorber aquellas actividades «que son desarrolladas adecuadamente por los particulares», una definición que en la práctica lo jibariza al extremo de transferirle la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado.
El pasado jueves, el pleno de la Convención Constitucional rechazó plasmar en el borrador del texto un artículo que definía al país como «un Estado social y democrático de derecho» en reemplazo del estatus actual de rol subsidiario, un adelanto de las dificultades que se vislumbran.
El liderazgo de Boric está profundamente ligado al proceso constituyente. Quienes lo votaron depositaron en él las esperanzas de cambio que se habían expresado en el estallido social de octubre de 2019 (salud, educación, jubilaciones) y la ampliación de derechos en temas feministas, ambientales y género, entre otros.
Es posible el cambio
Dos politólogas dieron pautas para entender qué tan gravitante será para su proyecto la aprobación de esta nueva «Ley de leyes» y cuánto será posible avanzar en esa transformación mientras aún esté vigente la actual.
Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, sostuvo que lo primero es «entender cómo la vieja Constitución circunscribe y delimita cualquier intento transformador».
«Lo que hace la Constitución del 80 es consagrar el modelo de estado subsidiario y básicamente proteger el status quo, que es tremendamente neoliberal», explicó Heiss.
«La Constitución dice que consagra el derecho de elegir entre un sistema público y privado, por lo tanto cualquier cosa que sea universal puede fácilmente ser declarada inconstitucional», indicó.
Hubo muchos casos en los que el TC declaró la inconstitucionalidad de medidas de orientación redistributiva o de este carácter, orientado a la provisión universal de servicios sociales, que es lo que está detrás de la idea del Estado de bienestar.
Por su parte, Sthepanie Alenda, directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, consideró también que los quórums supramayoritarios inscriptos en la Constitución -es decir, que ciertas leyes necesiten un respaldo superior a la mayoría absoluta para avanzar- «configuran una arquitectura del poder donde resultaba muy difícil introducir grandes cambios».
«La Constitución actual también está protegida por esta supramayoría que impide, por ejemplo, el reconocimiento a los pueblos indígenas o la construcción de un estado social y ya no subsidiario», agregó, aunque matiza que ciertas reformas sociales importantes, como mejorar las jubilaciones, sí «pudieron suceder sin cambiar una coma a la Constitución actual», puntualizó.
La denominada «Pensión Garantizada Universal» promulgada recientemente instituye un sistema universal de jubilación «que permite que todos los adultos mayores puedan percibir una jubilación superior al umbral de pobreza (185.000 pesos, 230 dólares)», señaló.
Alenda, por último, sostuvo que la Carta Magna actual «no necesariamente impide las reformas, y que el principal problema para responder a las enormes expectativas radicará también en lograr financiar las transformaciones que se quiere hacer en una coyuntura compleja con fuertes presiones inflacionarias, la desaceleración de la economía, y un nuevo diseño institucional, que agrega más incertidumbre al cuadro general».
Reforma de Carabineros
El gobierno de Boric ratificó su decisión de impulsar un cambio «de fondo y estructural» en la fuerza de Carabineros, la policía local, días después de que se multiplicaran las críticas por un nuevo accionar represivo de sus agentes y de que se difundiera que la fuerza escuchó conversaciones de un dirigente mapuche luego asesinado.
«Es un cambio de fondo y estructural, porque queremos mejores policías para nuestro país, más eficientes y con apego irrestricto a los derechos humanos», aseguró la vocera del gobierno, Camila Vallejo.
La funcionaria habló de una «necesaria reforma», después de los cuestionamientos -algunos, incluso, de fuerzas que integran el nuevo Ejecutivo- por la represión de Carabineros a una manifestación el último fin de semana.
Vallejo explicó que el Ministerio del Interior ya tiene en análisis «algunas medidas para adoptar a corto plazo, entre ellas la prohibición del uso de balines, mientras trabaja en la modificación de los protocolos para permitir y resguardar el derecho a la manifestación».
Aunque resultó inevitable referirse a lo que pasó el fin de semana, la vocera dejó en claro que el plan de reformar la fuerza no solo tiene que ver con lo que pasó en la manifestación del viernes en Plaza Italia, sino que son puntos sobre los que ya se estaba trabajando «desde antes», reportaron la radio Cooperativa y el diario El Mercurio, de Santiago.
«Hay un camino que tiene que ver con los protocolos que se sigue desarrollando para permitir y resguardar la manifestación, porque es un derecho humano, pero también entender la importancia de combatir ciertos algunos delitos», afirmó.
En septiembre del año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente discutió «el reemplazo de la institución de Carabineros» por una nueva entidad pública.
Ese mismo mes el gobierno de Sebastián Piñera puso en marcha un nuevo protocolo para la fuerza, con el fin de «resguardar a quienes se manifiestan pacíficamente» al distinguir entre «delitos y legítimo derecho a reunión».
Amnistía para los detenidos por el estadillo social de 2019
La administración de Boric le dará urgencia al proyecto de ley que dispone una amnistía para los manifestantes del estallido social que fueron detenidos o encarcelados, informó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson.
«Hoy quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia del proyecto de ley de amnistía, como se le ha llamado, que para nosotros es importante en materia de derechos humanos», señaló.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la medida fue conversada con agrupaciones de familiares de los presos de las protestas y con algunas de las víctimas, y remarcó que la decisión apunta a «revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido en la sociedad».
La iniciativa busca amnistiar a los presos de las masivas protestas que cometieron delitos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, y está en debate en el Congreso.
La administración de Sebastián Piñera había adelantado que vetaría el proyecto si avanzaba hasta su sanción.
«Por cierto, hay una primera deuda y misión respecto a conseguir la verdad y conseguir justicia respecto a los distintos casos que han ocurrido de violaciones a los derechos humanos», subrayó Jackson, según la agencia Sputnik.
En la conferencia, el ministro estuvo acompañado por la senadora Fabiola Campillai, la primera parlamentaria ciega de Chile, quien perdió la vista luego de que un carabinero (policía militarizado) le disparara una granada lacrimógena en el rostro.
El proyecto ingresó al Congreso como propuesta de indulto y posteriormente fue mutando a una amnistía, y establece la extinción de la responsabilidad de los manifestantes acusados de delitos durante manifestaciones, dejando fuera a aquellos acusados de cometer delitos graves o que pusieron en riesgo la vida de alguna persona.
El estallido social fue un movimiento de protestas ciudadanas originado el 18 de octubre de 2019 contra el sistema económico vigente del entonces presidente Piñera y la Constitución redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-90), y terminó dando paso al actual proceso constituyente.
La represión ejercida por Carabineros y las Fuerzas Armadas durante las protestas dejó miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, ratificadas por organismos nacionales e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre otros.
