La Asamblea Legislativa de El Salvador, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó el estado de excepción (estado de sitio) por un mes, luego de que casi 100 personas murieran durante el fin de semana en asesinatos atribuidos a la temible pandilla conocida como Mara Salvatrucha.
El régimen de excepción no solo restringe derechos y garantías individuales, como la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y faculta de arrestos sin orden judicial, sino que también habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas.
«Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales», dice el decreto aprobado por amplia mayoría en el parlamento unicameral.
La disposición «tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos a la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial».
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de 67 de los 84 diputados. Otros 4 diputados se abstuvieron y 13 estuvieron ausentes, según la agencia de noticias AFP.
Durante 30 días, el gobierno quedó capacitado no solo para suspender ciertas libertades y garantías sino para desplegar a militares y policías en las calles.
Bukele, de 40 años, con amplio apoyo popular y que hizo de la seguridad un eje de su campaña, ya promulgó la norma y aclaró que los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, razón por la cual «para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal».
La declaración fue criticada por la oposición, que tacha el régimen de excepción como «antidemocrático» y como «una violación de los derechos humanos».
La violencia empezó el viernes por la noche
Bukele, previamente, había pedido a la Asamblea Legislativa que decretara el régimen de excepción, tras la detención de decenas de pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de perpetrar 62 homicidios en un solo día.
Frente a la ola de violencia, el gobernante solicitó a los miembros del Congreso, controlado por el oficialismo, que se reúnan para «decretar de inmediato régimen de excepción», por el que se anulan las garantías constitucionales, con el fin de hacerle frente a las pandillas.
«Este sábado 26 de marzo ha cerrado con 62 homicidios en el país», dijo ayer en Twitter la Policía Nacional Civil (PNC).
«No retrocederemos en esta guerra contra pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos», agregó.
Según el balance oficial, el central departamento de la Libertad registró 12 homicidios, seguido por la capital San Salvador y el departamento de Ahuachapán, en el oeste del país, con nueve cada uno; mientras que el resto de los asesinatos se distribuyeron en los demás 11 departamentos del país.
En la sesión plenaria, los diputados también rindieron homenaje a las víctimas de las pandillas.
La Constitución salvadoreña establece el régimen de excepción, por el que se suspenden algunas garantías establecidas, se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público».
Una ola de violencia sacude El Salvador, donde desde el viernes por la noche se registraron «más de 20 homicidios y feminicidios», reveló el sábado Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, cuando comenzaron a conocerse las informaciones de los asesinatos.
La Policía y el Ejército de El Salvador mantenían un operativo en el que, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), varios cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) fueron detenidos acusados de ser «responsables de los homicidios registrados en las últimas horas».
El presidente pendiente de todo
Bukele reunió de urgencia a su equipo de seguridad, junto con el Fiscal General, para abordar el tema, informó ayer la PNC.
El mandatario afirmó que la Policía y la Fuerza Armada «deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros».
Bukele pidió a la Fiscalía «ser eficaz con todos los casos (de pandilleros que procese) y advirtió que estará pendiente de «los jueces que favorezcan delincuentes».
En noviembre pasado, El Salvador sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales.
El Salvador cerró 2021 con 1.140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, menos de los 1.341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales.
