El Tribunal Constitucional de Perú publicó hoy de forma oficial la resolución que permite la excarcelación del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las llamadas matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
El fallo ratificó su decisión del pasado 17 de marzo, cuando el alto tribunal peruano declaró fundado un habeas corpus contra una resolución que dejó sin efecto el polémico indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces mandatario, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La resolución del TC restituyó, por tanto, los efectos de dicho indulto y dispuso la «liberación inmediata» del ex gobernante, de 83 años.
En el documento, el Tribunal señaló que el juez supremo que anuló el indulto humanitario a Fujimori en 2018 «no estaba facultado para hacerlo» y que su sentencia, «viciada de incompetencia, solo se fundamentó en la presunción de irregularidades no probadas».
Defendió, además, que la decisión de Kuczynski «contó con los elementos necesarios» y que Fujimori «cumplía con las condiciones necesarias para ameritar el indulto humanitario», una figura de extinción de la pena que, recordaron, busca «evitar la muerte en prisión del reo que viene cumpliendo condena definitiva, producto de las condiciones de salud que lo aquejan».
Fallo dividido
Los abogados Ernesto Blume, José Ferrero y Luis Sardón votaron a favor de restituirle la libertad, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinoza y Manuel Miranda se mostraron en contra de esta decisión, consignó la cadena de radios peruana RPP.
Al quedar empatada la votación del recurso en tres magistrados a favor y tres en contra, el voto dirimente del presidente del máximo órgano constitucional del país, Augusto Ferrero, rompió la igualdad.
Con la sentencia redactada y firmada, el TC oficializará su resolución al juez de ejecución penal supremo, quien debe acatar la decisión y dar luego la orden de libertad al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según detalló el abogado de Fujimori, Cesar Nakazaki.
Tras conocerse la decisión del alto tribunal, la Justicia peruana ordenó el impedimento de salida del país a Fujimori durante un plazo de 18 meses en el marco del proceso judicial por el «caso Pativilca», una acción perpetrada el 29 de enero de 1992 en la localidad homónima que consistió
en el secuestro, la tortura y el asesinato de seis personas supuestamente vinculadas al grupo armado Sendero Luminoso en la localidad de Barranca.
El requerimiento, solicitado por el fiscal superior Pedro Orihuela, fue presentado ante el Poder Judicial.
La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el ex presidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su Gobierno entre los años 1990 y 2000.
Miradas opuestas
En tanto, una investigación encargada y publicada por el diario La República, registró que el apoyo al indulto a Fujimori es minoritario entre los ciudadanos del país.
La decisión del TC, al igual que el propio legado del ex mandatario, mantiene dividido a Perú entre quienes ensalzan su figura al considerar que salvó al país del terrorismo y el colapso económico, y quienes remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.
Según el sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 52% de los peruanos está en contra del reciente indulto a Fujimori y un 43% de la población está a favor del mismo.
El estudio consultó a la población del lunes 21 al jueves 24 de marzo recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de representación nacional.
