La Comisión de Justicia del Congreso de Ecuador le recomendó a la Legislatura que el veto parcial realizado por el presidente Guillermo Lasso a la ley para el aborto en casos de violación sea remitido a la Corte Constitucional, ya que las observaciones del mandatario se justifican en «supuestas inconstitucionalidades».
Los legisladores de la comisión consideran que la máxima autoridad constitucional debe resolver «si las 61 objeciones planteadas por Lasso violan o no los preceptos establecidos en la Constitución».
Al elevar la norma a la Corte Constitucional para que emita un dictamen, el plazo de 30 días para el trámite de la ley en el congreso luego del veto presidencial se suspendería y volvería a contarse desde que el ente de Justicia notifique su resolución a la Asamblea Nacional.
El legislador Alejandro Jaramillo, presidente de la comisión legislativa, cree que obtendrá en el pleno del congreso los 70 votos para que el veto parcial de Lasso sea examinado por la Corte.
Además sostuvo que Lasso debía realizar la consulta a la Corte Constitucional antes de emitir su veto.
«Se le cayó el artículo 138 de la Constitución, ya que si consideraba que había temas inconstitucionales, tenía que contar con el dictamen de la Corte», precisó el parlamentario.
Entre las objeciones del presidente está que la Asamblea Nacional define que el procedimiento de interrupción del embarazo en casos de violación es un derecho, una conceptualización contraria al ordenamiento jurídico.
Según el veto parcial de Lasso, «el aborto no puede considerarse un derecho constitucional y reconocerlo como tal atentaría al artículo 45 de la Constitución que ordena que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción».
El Ejecutivo considera que el congreso «se ha excedido sobre lo resuelto por la Corte Constitucional que, en abril de 2021, eliminó el texto de un artículo del Código Integral Penal del Ecuador y despenalizó el aborto en casos de violación para todas las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia sexual. Fue entonces cuando la Corte mandó a la Asamblea a legislar sobre el acceso a el aborto en casos de violación».
De acuerdo con Lasso, «los legisladores no cumplen con definir requisitos para el acceso a la interrupción del embarazo en esos casos».
En el veto parcial del presidente se fundamenta que la objeción de conciencia, dentro de la ley de acceso al aborto en casos de violación, atenta contra el artículo 84 de la Constitución que establece que «en ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución».
La objeción de conciencia de los médicos fue uno de los puntos más debatidos dentro del proyecto, porque existen centros de la red de salud donde solo hay un doctor a cargo, por lo que si ese profesional se negara a practicar el aborto en caso de violación se vulneraría el acceso de la víctima a practicarse ese procedimiento.
En el texto original se dispone que los abortos por violación en Ecuador puedan practicarse hasta dentro de las 12 semanas, con excepción de las niñas, adolescentes y de las mujeres de las zonas rurales e indígenas, porque para ellas el plazo se amplía a 18 semanas.
El argumento utilizado por activistas y defensoras del derecho a decidir fue que, en estos segmentos de la población de las mujeres, el acceso a las instituciones de salud sexual es limitado.
La respuesta de la objeción presidencial sugiere que el plazo se refiere a la viabilidad del feto y no a la mujer gestante.
En este caso, la viabilidad del feto, en su condición de organismo autónomo de su gestante, dice la objeción, debería ser el mismo para todas las mujeres con independencia de su edad o procedencia.
La objeción presidencial parcial, en sentido amplio, significa que el presidente de la República está habilitado para proponer cambios a un texto legal aprobado por la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el veto parcial no quiere decir que el aborto volverá a ser criminalizado por la legislación penal, sino que se proponen otras especificaciones en materia de plazos, por ejemplo.
Lasso aseguró que gobernará por decreto o con consultas populares
El presidente ecuatoriano sostuvo que podría recurrir a una consulta popular para sacar adelante temas importantes para su Gobierno y advirtió que, dada la oposición constante de la Asamblea Nacional, «de ser necesario gobernará con decretos ejecutivos y reglamentos a las leyes».
«Siempre lo dije como candidato, gobernaría con decretos ejecutivos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, usaremos otros mecanismos para promover inversión, generar empleo y reactivar la economía”, explicó en declaraciones en el programa radial Encontrémonos por la ciudadanía.
Lasso subrayó que la negativa de la AN a tratar sus iniciativas es clara, y por eso buscará otros mecanismos para avanzar con los cinco proyectos que envió: Ley de Comunicación, de Educación Superior, Seguridad, Reforma Tributaria y Ley de Inversiones.
«Es evidente que quieren bloquear al Gobierno -se quejó-. Salvo honrosas excepciones, a la Asamblea Nacional no le importa Ecuador. Lo único que les interesa son negocios personales, intereses partidistas, egoísmos, vanidades o celos», insistió el presidente, según el sitio ecuatoriano Primicias.
«Seguiré trabajando sin considerar que existe la Asamblea Nacional. No voy a perder el tiempo enviando más leyes a esa institución del Estado», adelantó.
Además de gobernar con decretos ejecutivos, Lasso, quien asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021, alista el camino hacia la consulta popular.
«Hay alternativas, una de ellas la consulta popular, que la estamos trabajando, a la que me voy a dedicar de manera especial esta semana y someter a consideración del pueblo ecuatoriano lo que la Asamblea Nacional se ha negado a tratar consistentemente en estos últimos 10 meses», aseguró.
El jueves pasado, el día que vencía el plazo para aprobar o negar el proyecto de atracción de inversiones enviado por el Ejecutivo, los legisladores, con 87 votos, decidieron negar y archivarlo .
Posteriormente, el presidente denunció que la ley fue negada porque su Gobierno no aceptó el chantaje de varios legisladores para darle sus votos.
El Gobierno quiere declarar inconstitucional la amnistía que votó el Congreso
El Gobierno de Ecuador presentó ante la Corte Constitucional un recurso en contra de la amnistía a 268 personas que la Asamblea Nacional sancionó hace tres semanas al entender que ese beneficio recayó en autores de delitos comunes y el legislativo solo puede amnistiar delitos de corte político.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, fue personalmente a la sede de la Corte, a entregar la demanda de inconstitucionalidad contra la medida.
Para la funcionaria, «en la nómina de beneficiados no solo hay procesados por el paro y las protestas de octubre del 2019, sino también casos de delitos que no se cometieron durante esa manifestación, como tráfico de tierras, delincuencia organizada, robo», detalló.
En su momento, el presidente Lasso calificó «de injusta» la decisión de la AN y advirtió que el Ejecutivo analizaría «qué camino tomar al respecto».
Desde el Gobierno creen que la Asamblea debió, por ejemplo, amnistiar también a los uniformados que están siendo investigados por su actuación durante esas jornadas, consignó el sitio Primicias.
«En un Estado de derecho no puede existir impunidad. Esta amnistía deja intactos los delitos cometidos en contra de Quito y el país en 2019», manifestó en redes la ministra Vela, en referencia a que durante las protestas varios edificios públicos fueron incendiados.
El Parlamento ecuatoriano, donde la oposición tiene mayoría, decidió amnistiar a 268 personas entre indígenas, activistas y defensores del medio ambiente, procesados por presuntamente haber cometidos delitos mientras participaban en distintas protestas sociales.
Entre los amnistiados figuran el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) -la mayor organización indígena del país-, Leónidas Iza; la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, y varios «defensores del agua».
Del 3 al 13 de octubre de 2019 buena parte del país quedó paralizado con cortes de ruta y manifestaciones en Quito en rechazo la decisión del Gobierno del entonces presidente Lenin Moreno de eliminar el subsidio a los combustibles, por lo que el Ejecutivo dispuso el estado de excepción.
Con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, la AN amnistió «a los 268 ciudadanos judicializados por ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales».
«Estos resultados van a reconciliar al país, hemos trabajado por la unidad que tanto esperaba nuestro Ecuador; me siento muy contenta de que nuestros compañeros, los luchadores populares, defensores de los Derechos Humanos, del agua y la naturaleza y todas sus familias hoy recuperan su libertad, la justicia en el país y la tan ansiada reconciliación y unidad nacional», resaltó entonces la presidente del Parlamento, Guadalupe Llori.
Renunció la ministro de Gobierno
Alexandra Vela presentó su renuncia por un desacuerdo con el presidente Lasso, a quien le planteó la disolución del Congreso, de mayoría opositora, en medio de una pugna de poderes.
Antes de anunciar su dimisión, la ministro presentó ayer una demanda ante la Corte Constitucional para revocar la amnistía otorgada por la unicameral Asamblea Legislativa a 268 indígenas, ambientalistas y políticos procesados por participar en protestas de 2019.
«Al no coincidir con la línea política establecida por el Pdte. @LassoGuillermo para enfrentar la crisis agudizada por la @AsambleaEcuador , presenté mi renuncia», expresó anoche la funcionaria a través de su cuenta en Twitter.
«Preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada» concluyó el mensaje de Vela en la red social, que subió acompañado de imágenes de una misiva enviada al mandatario.
La «muerte cruzada» es un término jurídico-político de Ecuador que alude a una prerrogativa constitucional del mandatario para disolver el Congreso dentro de los tres primeros años de administración por causales como obstruir la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Esa medida, no obstante, está atada a la obligación de convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales para completar el período de cuatro años.
El Congreso también puede destituir al presidente por arrogarse funciones o por una grave crisis política y conmoción interna.
El presidente aceptó la dimisión
«Agradezco su gestión @AlexandraVelaP como ministra de @MinGobiernoEc . El Gobierno Nacional continuará trabajando de forma permanente por el bienestar de la ciudadanía, la protección de la democracia y la creación de un país de oportunidades y seguro para todos», escribió Guillermo Lasso, también en Twitter.
El Legislativo y el Ejecutivo sostienen una pugna. Las fuerzas de oposición en el Parlamento, dispersas pero mayoritarias, rechazaron casi todas las propuestas de ley de Lasso, quien denunció un «boicot».
En la carta dirigida a Lasso, Vela -quien fue juramentada hace ocho meses-, señaló: «Pocas semanas fueron suficientes para constatar, que una institución fundamental como es la Asamblea Nacional, sede del primer poder de un estado democrático, era paradójicamente, la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y su Gobierno».
«En múltiples reuniones con tozudez he sostenido que, para el bien de su gobierno, las reformas que necesita la economía y la permanencia de la democracia es mejor la ‘muerte cruzada’. Camino sin lugar a dudas riesgoso, pero al mismo tiempo ineludible si se quiere realizar las transformaciones profundas que el Ecuador requiere», agregó.
Vela, por último, indicó: «Estoy consciente de que al cumplir con mi deber, insistiendo en que la única opción es la ‘muerte cruzada’, he causado molestia a sus colaboradores y en algún momento desasosiego a usted», finalizó.
