Prisoners Defenders, una ONG sin fines de lucro española de acción jurídica y defensa pro-democrática, investigó las condiciones de detención de 101 presos políticos en Cuba y denunció que sufren abusos que van desde las torturas hasta las privaciones del sueño, de líquidos, alimentos y atención médica.
La ONG indicó, además, que hay 1.167 privados de la libertad por ser opositores a la dictadura castrista del presidente Miguel Díaz-Canel
El estudio, que se elaboró a partir de una muestra aleatoria de 101 presos políticos, se apoya en fuentes de primera mano en contacto directo con los procesados, como compañeros de celda o de prisión, y familiares de primer grado, explicó la ONG.
«A raíz de las protestas contra el régimen cubano que estallaron en julio de 2021, Cuba ha exhibido los índices de represión más altos registrados en décadas con miles de detenciones arbitrarias, centenares de convictos de conciencia, así como centenares de reportes de torturas», afirmó el informe, que fue entregado al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Prisoners Defenders cita 15 tipos de tortura infligidos a los presos políticos, como «privación de la atención médica», «patrones posturales altamente incómodos, dañinos, degradantes y prolongados», «confinamientos de castigo en solitario», «agresiones físicas», «privación de líquidos y/o alimentos» y «privación del sueño».
Menores entre los detenidos
Del conjunto de 101 presos estudiados, tres eran menores de edad en el momento de la detención.
«La víctima que acumula el mayor número de tipos de tortura es precisamente un menor de 17 años, Jonathan Torres Farrat», denunció la ONG.
«En una ocasión fue esposado a una reja colgado, en un cuarto frío, y posteriormente golpeado. Lo confinaron a una habitación fría por exigir que no lo golpearan más», agregó el informe.
«A la madre de Jonathan, Barbara Farrat Guillén, se le ha prohibido en múltiples ocasiones ver a su hijo, e incluso se le ha amenazado con la integridad física de Jonathan como represalia contra las denuncias que formula», añadió el documento.
El informe reveló que hay decenas de presos políticos «con doble nacionalidad, pero que salvo
Estados Unidos, el resto de los países, España, Canadá y Alemania, por poner los tres ejemplos, han dejado sin protección alguna a sus ciudadanos hasta el momento».
Ocho detenidos recibieron condenas de hasta 12 años de prisión
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba condenó a ocho personas de El Caney, siete a entre 5 y 12 años de cárcel y al restante a una multa de 4.000 pesos (160 dólares) por participar en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, según la agencia de noticias española EFE.
Se les encontró culpables, en sus respectivos casos, de los delitos de atentado, desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, resistencia, evasión de presos o detenidos y también de propagación de epidemias.
La sentencia considera probado que entre los condenados no solo hubo quienes gritaron consignas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y las fuerzas de seguridad sino que además algunos golpearon a agentes y se resistieron a ser detenidos.
Familiares de los condenados y organizaciones no gubernamentales criticron el juicio, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
El Tribunal Supremo de Cuba, por su parte, aseguró que se observó el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11 de julio.
Según la Fiscalía General, en el país se procesaron por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años (la edad penal mínima en Cuba son los 16). Y desde diciembre comenzaron los juicios con centenares de acusados.
Varias ONG denunciaron falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas. Según Justicia 11J y Cubalex, un total de 1.442 personas fueron detenidas en relación con las protestas, y de ellas, al menos, 756 continúan en centros de reclusión.
Díaz-Canel, por su parte, negó en más de una oportunidad que en el país haya presos políticos y aseguró que los juicios tienen que ver con «actos vandálicos y graves alteraciones del orden, organizadas en ocasiones desde el exterior».
Teniente retirado denunció injusticias del régimen
El ex primer teniente del Ministerio del Interior del régimen de Cuba (MININT), Grober Quiala Estupiñán, denunció las injusticias y violaciones cometidas en el poblado de El Caney, Santiago de Cuba, durante y después de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la Isla, según reseñó el portal web CubaNet.
«Varios miembros de mi familia estuvieron involucrados de una manera inesperada en las manifestaciones del 11J», confesó Quiala Estupiñán, pensionado desde el 1 de noviembre de 2021.
«Minutos antes nos encontrábamos toda la familia reunidos en casa de mis padres donde compartíamos un buen rato pues era fin de semana, en el momento que mi sobrino Iván Arocha Quiala salió de la casa en busca de cigarros y una botella de ron donde se encontró con otros jóvenes que decidieron incorporarse a la manifestación. Rápidamente nos llegó la información y uno tras otro fuimos saliendo en busca de mi sobrino», relató en su perfil de Facebook.
Cuando el teniente llegó al lugar de la manifestación habían detenido a varios de sus familiares.
«Nos mantuvimos en una incertidumbre hasta que pasado unos 2 o 3 días fui citado por la Contrainteligencia Interna para analizarme por tener varios familiares involucrados en las manifestaciones; confieso que me sentí muy mal pues no podía creer que mis familiares habían salido unos en busca de otros y que terminaran en dichas manifestaciones; como no tenía comunicación alguna con ellos me dediqué a realizar mis propias investigaciones y contacté con varias personas que estuvieron presente cuando ocurrieron los hechos”, explicó el teniente.
Gracias a sus investigaciones supo del exceso en las actuaciones de los policías y de la violación de los derechos constitucionales.
«No se les dio atención médica a ninguno de los detenidos y todos estaban lesionados. Hasta las mujeres fueron golpeadas por oficiales como el Capitán Uber Tamayo Mengana que le dio una patada en el abdomen a mi sobrina Sheila y el oficial Asiel Estévez Frómeta quien luego de esposar a los detenidos a los tubos de los asientos, golpeó brutalmente hasta perforarle un oído a mi cuñado Iván Mauricio Arocha Arocha», detalló.
El teniente Quiala Estupiñán durante sus últimos cinco años de trabajo estuvo encargado de los atestados directos presentados en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba pertenecientes a la Estación #1 de dicha ciudad.
Además reveló que a los abogados de sus familiares detenidos no se les permitió tener contacto con ellos hasta pasados más de 18 días, privándolos así «de otro derecho constitucional como es el derecho a la defensa».
Con respecto al juicio oral de sus familiares, reletó que se demostró el montaje y la manipulación entre el fiscal y los instructores, cuando la testigo de la fiscalía, Kiuri Romero de Moya, confesó no poder mentir.
«El fiscal y el instructor querían que dijera cosas que no había visto pero ella no estuvo de acuerdo», precisó.
Quiala Estupiñán, tras manifestar que no confía en la prensa cubana ni en el régimen de Miguel Díaz-Canel, pidió que fuera publicado el juicio de la causa 448/21 del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba y que una comisión de los Derechos Humanos perteneciente a la ONU tenga acceso a este expediente y, de ser posible, a todos los documentos vinculados al 11J.
