En el inicio de las protestas masivas en Chile en el 2019, en el marco del estallido social, se produjeron la quema y total destrucción de más de 70 estaciones del Metro de Santiago, hechos por los cuales todavía no hay detenidos, pese a que ya pasaron casi tres años.
Debido a estos ataques incendiarios, la mayor parte de la red del metro quedó suspendida por varias semanas, incluso algunos tramos durante meses, que no solo le complicó la calidad de vida y el traslado de miles de personas hacia sus lugares de trabajo y sus respectivos hogares, sino que además le costó al Estado 225 millones de dólares.
Frente a esta situación, el pasado domingo 1 de mayo el activista y abogado de Derechos Humanos, Luis Mariano Rendón, interpuso una querella ante el duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra Carabineros de Chile, institución que fue gravemente cuestionada por su accionar durante las manifestaciones del estallido social.
Por las imágenes que quedaron registradas pesan sobre la fuerza de seguridad diversas acusaciones por violar los Derechos Humanos de las personas que participaron en las protestas.
La acción judicial tiene su génesis en un reportaje emitido por el canal de televisión La Red, donde se dieron a conocer imágenes que muestran a policías ingresando, en horas de la madrugada del 19 de octubre de 2019, al área de boleterías de la estación La Granja del Metro de Santiago, en la zona sur de la ciudad.
La terminal previamente fue atacada con piedras y otros objetos contundentes, aunque los manifestantes no la incendiaron.
No obstante, según lo exhibido por la emisora, y en concordancia con la denuncia del abogado Rendón, instantes después de que se retiraran los Carabineros, comenzó a emanar humo y a verse un resplandor anaranjado al interior de la estación.
Los periodistas Josefa Barraza, Luís Tabilo y el cientista forense Carlos Gutiérrez investigaron al sistema de televigilancia que registró lo ocurrido en la estación La Granja: las conclusiones dejan abiertas muchas dudas respecto a quiénes fueron los reales responsables.
«Estamos ante una falla completa del Estado frente un caso gravísimo que cuestiona el rol de la policía durante la mayor crisis social en muchas décadas. Las imágenes son impactantes y han causado una justificada inquietud en la ciudadanía’’, declaró el asesor letrado Rendón.
Hay un condenado a 12 años
Por otro parte, uno de los pocos imputados por los múltiples incendios en el Metro de Santiago, Daniel Bustos, fue condenado en el pasado mes de abril, a 12 años de prisión efectiva tras ser declarado culpable por la quema de la estación San Pablo, ubicada en el límite de las comunas de Pudahuel y Lo Prado, en la zona poniente de Santiago.
A Bustos se lo acusó de lanzar un objeto que contenía una sustancia inflamable, similar a una bomba molotov, el cual se propagó por todas las instalaciones de la mencionada estación, el 19 de octubre de 2019.
Los daños provocados por Bustos fueron valuados por las autoridades en 20 mil millones de pesos chilenos.
Estado de Excepción y Toque de Queda
La quema y los daños que sufrieron las estaciones del metro derivaron en polémicas declaraciones del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien aseguró: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable».
Inmediatamente, el mandatario decretó el Estado de Excepción y Toque de Queda en medio de la grave crisis que se llevó a cabo en diversas ciudades del territorio chileno.
En tanto, sectores de derecha y extrema derecha señalaron posibles vínculos con una operación internacional que incluiría infiltrados de origen cubano y venezolano, tesis que no fue confirmada por ninguna autoridad competente.
Por ahora, la razón más aterrizada para las autoridades chilenas es que los ataques incendiarios al Metro de Santiago responden al caos y a la inusitada escalada de violencia que se vivió durante las primeras horas del estallido social.
