La Convención Constitucional de Chile (CC) aprobó dos artículos del último informe de la Comisión de Sistema Político, uno en el que se regula la aplicación del estado de excepción y otro en que define las competencias de las policías y que busca desmilitarizar Carabineros, en la semana final de redacción y votación de normas para el borrador de la nueva constitución.
La norma referente a los estados de excepción establece que solo podrán decretarse en caso de «conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional o calamidad pública» y aclara que, tanto su declaración y su posible renovación, «respetará los principios de proporcionalidad y necesidad, y se limitarán, tanto respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional».
El artículo, que había sido previamente rechazado de forma general, fue aprobado anoche por 106 votos (necesitaba 103), 33 en contra y 12 abstenciones.
La nueva norma busca reforzar la «normalidad constitucional», según explicó el convencional Ricardo Montero (Partido Socialista), quien agregó: «No podemos seguir acostumbrándonos a que todo es excepción constitucional», en referencia al extenso estado de excepción declarado con la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, y que terminó en septiembre de 2021.
El artículo aprobado en su mayoría por el sector oficialista también busca dejar de lado los estados de excepción aplicados en la macrozona sur, ya que, según la convencional Rosa Catrileo, representante del pueblo mapuche, es «muy importante que se abandone esta doctrina porque ha sido precisamente a través de ella que se ha criminalizado las demandas mapuches y se ha militarizado el Wallmapu con Carabineros y militares declarando de facto enemigos internos».
La Nueva Carta Magna, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida, establecerá así de manera explicita las situaciones en las que se podrá declarar estado de excepción, lo que permitirá regular su aplicación y por consiguiente las atribuciones de las Fuerzas Armadas.
Los carabineros, otro tema de debate
Por otro lado, el artículo sobre las policías se aprobó con 109 votos a favor, 33 en contra y 11 abstenciones, y consigna que son competentes «en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias».
Además añade que deberán actuar «respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución».
El artículo determina que las policías serán instituciones «profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes».
También que «las policías y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia», y agrega que «sus miembros no podrán pertenecer a partidos u organizaciones políticas, gremiales y sindicales, ni postularse a cargos de elección popular».
La nueva medida busca desmilitarizar la institución de Carabineros, tras los numerosos casos de vulneración de los derechos humanos desde el estallido social en adelante, donde algunos daban cuenta que solo cumplían con órdenes de sus superiores.
Carabineros de Chile es definida por la Ley Orgánica Constitucional como una institución «técnica y de carácter militar», pero, de aprobarse la nueva Constitución, deberán asimilar su estatuto al de la PDI, que actualmente es la única policía civil, por tanto dependerán del Estado, específicamente del ministerio encargado de la seguridad pública.
Semana clave
La CC inició la última etapa de la redacción y tramitación de las normas transitorias que estarán en el borrador de la nueva Constitución, que busca reemplazar la carta magna de 1980, redactada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Diversas comisiones comenzaron a votar en general las propuestas de normas transitorias y todo lo que se apruebe será derivado a la Comisión de Normas Transitorias a través de un informe.
El 4 de julio de este año vence el plazo de entrega del borrador de la nueva Constitución, que se votará en un plebiscito obligatorio de salida el 4 de septiembre.
El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue resultado de las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva Carta Magna.
Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad y una mejora de las pensiones.
