El Gobierno de Panamá dispuso congelar el precio del combustible en 3,95 dólares por galón (3,7 litros), según anunció el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, en lo que parece una respuesta al paro de 48 horas de los transportistas agrícolas del oeste del país.
«Una de las medidas que se han adoptado es congelar el precio del combustible a 3,95 (dólares por galón) para el transporte colectivo y selectivo, que es donde los sectores populares y más afectados por la crisis se transportan», explicó el ministro al Sistema Estatal de Radio y Televisión.
Los transportistas de carga de las llamadas Tierras Altas (oeste), donde se produce el 70% de las verduras y las legumbres que se consumen en el país, comenzaron un paro de dos días para exigir que el congelamiento del valor del combustible aprobada para el sector fuera ampliada a toda la sociedad.
«Tras un largo proceso de negociación, decidimos apoyar la solicitud; era un compromiso de Gobierno congelar el precio para ellos a 3,95 (dólares) el galón, una medida significativa de apoyo que beneficia a los productores de la región, quienes desde las cuatro de la mañana de ayer podían inscribirse en la plataforma para acceder a los beneficios de la decisión», expuso Valderrama, según la agencia Sputnik.
Otras demandas
Valderrama señaló que también recibió otras solicitudes como la referida al combustible para camiones de carga internacional, pero la cuestión no está en su órbita, aunque recogió la demanda.
Los huelguistas aprovecharon para ampliar su pliego de demandas a otros temas, entre ellos la Caja del Seguro Social y sindicalización en Tierras Altas.
Valderrama sostuvo que la representación del Ejecutivo insistió en la importancia de sentarse a la mesa del diálogo y evitar acciones de fuerza, que provocan daños económicos y a afectan a terceros e interrumpen la actividad comercial.
El presidente de la Unión Nacional de Productores de Panamá, Aquiles Acevedo, explicó a los distintos medios locales que el problema del precio del combustible no solo afecta a la provincia de Chiriquí (asiento de Tierras Altas), sino que tiene alcance nacional.
