Un error de redacción de la Convención en la nueva Constitución establece que la nacionalidad chilena se pierde «salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude», lo que quiere decir que un ciudadano puede mentir al Estado para obtener la nacionalidad y no ser sancionado por ello.
El error, que ya fue admitido por al menos cuatro convencionales, podría incentivar la migración ilegal, según especialistas.
«Hay una clara confusión en el texto y, por lo que a mí respecta, me disculpo por ella. Defectos como este tienen que ver con el frenesí con que trabajamos durante las últimas semanas de la Convención’, reconoce el exconstituyente Agustín Squella.
En la letra b del inciso 1 del artículo 116, donde se explican las causas por las cuales una persona puede perder la nacionalidad chilena, dice que esta se cancelará, «salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude». El texto se abre a la interpretación de que si un extranjero miente en sus antecedentes y logra obtener la nacionalidad chilena, el falsear sus datos no es motivo para que se la quiten. (Esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes, agrega la norma).
«Este error manifiesto lo único que hace es incentivar la migración ilegal’, advierte, ya que bastaría con mentir para obtener la nacionalidad sin posibilidad de perderla por esta causa», dijo Máximo Pavez académico de Derecho Público de la Universidad Católica.
El mea culpa de cuatro exconstituyentes responsables del fallido artículo sobre nacionalidad en la propuesta constitucional: "Hay una clara confusión en el texto y, por lo que a mí respecta, me disculpo por ella", reconoce Agustín Squella 👇https://t.co/iK2nKCcYwp
— Las Últimas Noticias (@lun) July 20, 2022
El error ya está hecho
«Si es que gana el Apruebo hay que reformar la Constitución para corregirla (bajo el quórum de los 2/3), y eso después de haber gastado 22 mil millones de pesos (en la Convención) es inaceptable», concluye Pavez.
El exdiputado UDI, abogado y director del magíster de Pensamiento Político de U. San Sebastián, Gonzalo Arenas, aporta: «Una razón más para decir que fue un escrito desprolijo. En el caso de que se apruebe es de las primeras reformas que se deben hacer. Se podría generar una especie de suspenso de aplicabilidad o una interpretación administrativa de la norma y podría llegar al Tribunal Constitucional o a la Corte Constitucional».
