El mayor miedo de los familiares de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, se ha cumplido. Protección Civil ha ofrecido este jueves una última opción: abrir un tajo para acceder al lugar donde se piensa que podrían estar aprisionados bajo tierra los obreros desde el miércoles tres de agosto, hace más de tres semanas. El doloroso inconveniente es que los trabajos para excavar este acceso pueden extenderse entre seis y 11 meses. Un plazo que aniquila las pocas esperanzas que pudieran aún sostener los parientes. Nadie saldrá ya con vida, sugieren. Pero los allegados han rechazado la nueva estrategia. Los quieren cuanto antes, han dicho en declaraciones a los medios de comunicación tras su conversación con la responsable de Protección Civil, Laura Velázquez.
Velázquez se ha reunido con los familiares esta mañana para contarles el nuevo plan, según el pariente de uno de los mineros, que prefiere conservar el anonimato. “Es un tiempo irreal, 11 meses parado aquí esperando a un familiar es muy desgastado”, ha señalado. La misma fuente ha indicado que Velázquez ha sugerido una última vía: indemnizaciones a los allegados, que estos han rechazado de inmediato. “Todos dijeron que no querían hablar de eso aún, querían sacar a su familiar. Es una opción o la otra, te pone entre la espada y la pared”. Los familiares de los obreros han decidido abandonar la reunión y han corrido a dar declaraciones a la prensa, como un intento de presión ante una alternativa que no satisface a nadie. “Nos retiramos y ahí la dejamos [a Velázquez], sentada. Fuimos directitos hacia las cámaras”.
La tensión entre los familiares de los mineros y las autoridades ha alcanzado un nivel de difícil retorno. Algunos ya hablan de llevar a cabo protestas a las puertas de la mina y exploran nuevas formas de presión. “Lo urgente, lo que debe ser ahorita es un plantón. No dejar que salga nadie y pedir apoyos. Hacer venir a la autoridad competente”, señala la misma fuente. Once meses de espera es un martirio por el que nadie quiere pasar. En la memoria cada vez está más presente la tragedia de Pasta de Conchos de 2006, una herida todavía abierta en la región: de 65 obreros muertos en la explosión de gas de una mina, 63 cuerpos nunca se recuperaron.
“No sabemos ya que hacer. La gente está enojada. Ya no es un rescate. Pedimos la ayuda de una autoridad mayor, ya sea el presidente o un suplente para esta señora [Velázquez]”. La sensación de los familiares es de que las autoridades les están abandonando, que ya han tirado la toalla: “Están retirando cosas de aquí, se están llevando maquinaria, baños, el puesto de comida, una carpa de un segurito privado que tenían aquí…”.
El miércoles 3 de agosto los tres pozos de carbón que conforman el Pinabete se derrumbaron por una inundación, atrapando a 10 mineros. El agua procedía de la mina de las Conchas, una explotación cercana, abandonada hace décadas y completamente anegada por su cercanía con el río Sabinas. La comunidad y las autoridades desplegaron un enorme operativo para salvarlos que nunca llegó a ver sus frutos. El rescate de los mineros fue desgastando todas las esperanzas a medida que pasaban los días y el asunto se desenvolvía como una enorme roca de Sísifo: cuando ya achicaban agua para bajar a los pozos, el líquido volvía a hacer acto de presencia e inundaba las galerías. Vuelta a empezar.
De ese modo fue pasando el tiempo y creciendo el hartazgo en el campamento a las afueras de la mina donde velaban los familiares noche tras noche. Reclamaron ayuda internacional para sacarlos, muy conscientes de otros accidentes donde la tierra se tragó para siempre los cadáveres. Al lugar llegaron operarios de la empresa alemana DMT y la estadounidense Phoenix First Response, pero ni eso pudo acelerar las labores de salvamento. La entrada por los pozos se reveló imposible. El agua no daba tregua y las condiciones de seguridad para proceder al rescate eran insuficientes.
Este jueves, Protección Civil les ha comunicado a los familiares que la forma más eficaz sería excavar tajos con rampas para internarse a las galerías, un trabajo que llevará entre seis y 11 meses. Lo han rechazado “de plano”. Todos, según afirmaron algunas de las mujeres que han contado a los medios de comunicación la propuesta del Gobierno para el rescate. “Que nos los entreguen y que no se tarden”, ha sido la respuesta dada por los afectados. “Ya no sabemos cómo están, imagine en 11 meses”, ha dicho una de las mujeres. “No queremos dinero, los queremos a ellos”.
El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que no se hará nada sin el consentimiento de los familiares. “Ya se iba avanzando pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua. Se ha pedido opinión porque así lo solicitaron los familiares, a especialistas de Alemania, y coinciden en que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto complicado”.
Coahuila extrae el 99% de carbón que alimenta las calderas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la pieza clave del puzzle para la reforma eléctrica que quiere llevar a cabo López Obrador: una estrategia que aspira alcanzar la “soberanía energética” dando mayores poderes a la CFE y menos a las empresas privadas del sector. El daño colateral son los trabajadores: más de 3.100 muertos desde que se empezó a explotar el mineral en la región, en el siglo XIX, debido a las pésimas condiciones de seguridad. La de Sabinas es solo la última tragedia colectiva de una tierra acostumbrada a llorar a sus mineros.
