Atrapado en un eterno sendero al desarrollo, el Sísifo iberoamericano se encuentra a medio camino entre el populismo de derechas, que mira a un supuesto pasado glorioso, y el populismo de izquierdas, que promete el paraíso social en un futuro indeterminado. Hoy, la realidad del subcontinente es incierta. De un lado, la primera década del nuevo siglo registró avances significativos en términos democráticos y progreso económico. Por el otro, los efectos de la crisis financiera de 2008, aunque diferidos, se dejaron sentir en el lustro siguiente, rematado con el impacto negativo que ha tenido la pandemia en países con un Estado social débil.
Quizás el ejemplo más palpable de esta encrucijada sea Chile, un alumno aventajado del libre comercio y el crecimiento sostenido, pero con altas tasas de desigualdad, que ayer celebró el «plebiscito de salida» constitucional. Era el colofón a un periplo de casi tres años desde el «estallido social» de octubre de 2019 que, como respuesta al aumento de precio del Metro con lemas como «no son 30 pesos sino 30 años», demandaba un nuevo marco institucional más inclusivo. En efecto, masivas movilizaciones parecían indicar cierto consenso ciudadano en torno a mejor educación y salud públicas, pensiones más altas y mayor igualdad. Sin embargo, tanto el detonante violento de dichas reivindicaciones, con la quema sincronizada de decenas de estaciones del suburbano, hasta entonces símbolo del progreso del país, como episodios recurrentes de violencia reivindicativa en el centro de la capital, donde ha desaparecido gran parte del comercio formal, así como el recrudecimiento de actos terroristas en el sur del país, marcaban un peligroso precedente que ha polarizado la convención constituyente.
Esto se tradujo en una propuesta constitucional no consensuada, técnicamente perfectible y con determinadas materias polémicas tales como la naturaleza plurinacional del Estado, una justicia indígena diferenciada, la denominación de «sistemas de justicia» en vez de Poder Judicial o la desaparición del estado de emergencia, todas ellas objeto de una propuesta de reforma de última hora al margen de la convención constituyente por parte de las fuerzas de izquierda titulada «Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución», que resulta inédita en Derecho constitucional comparado al hurtar potencialmente el mandato al poder constituyente originario.
Así, lo que parecía un mandato ciudadano claro con casi un 80% en favor de una nueva Constitución en el «plebiscito de entrada» fue diluyéndose en el debate constituyente, que pronto comenzó a restar en vez de incluir, partiendo el primer día por el rechazo de algunos de sus miembros al himno nacional. Así se entiende el surgimiento de iniciativas ciudadanas como «Centroizquierda por el Rechazo», «Amarillos por Chile» o «Casa ciudadana por el Rechazo», que han terminado capitalizando el descontento ciudadano ante la práctica desaparición de la derecha. Como resultado, ayer se registró un triunfo histórico del Rechazo, un voto transversal de casi 8 millones de chilenos sobre un total de casi 13 millones de votantes, tope histórico electoral como resultado de la conjunción de inscripción automática y voto obligatoriopor primera vez en la historia de Chile. Se trata de un fenómeno relevante por su bajo perfil político y una oportunidad para que la vía pragmática genere nuevos acuerdos más allá de extremismos que venían imponiéndose en los últimos años.
¿Y AHORA QUÉ?
Aunque con matices, Chile sigue siendo un país presidencialista y, en particular en el contexto actual, el presidente Gabriel Boric resulta una figura central. Menos dogmático que sus pares de izquierda, firmó la hoja de ruta que inició el proceso constituyente denominado «Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución» en noviembre de 2019, que no firmó el Partido Comunista, entre otros. Sin embargo, su aparente espíritu pactista, resaltado esta semana en la portada de la revista Time, se ha convertido en ocasiones en una política vacilante, con grandes cambios, por ejemplo, entre primera y segunda vuelta presidenciales.
Sea como fuere, corresponde al presidente la iniciativa de emprender un nuevo proceso constituyente acordado con la oposición, que ya ha aceptado en declaración política que se realice a través de una nueva convención constituyente y con paridad. Es de esperar que el nuevo proceso sea pilotado por posiciones más moderadas y depare una Constitución más acotada, concisa y precisa, que solucione problemas en vez de crear otros nuevos. En un país a menudo innovador en política internacional, que probó la vía chilena al socialismo y el neoliberalismo, completó con éxito la transición a la democracia y facilitó el advenimiento del movimiento estudiantil al poder institucional, se abre ahora una etapa ilusionante como continuación de la victoria de una mayoría silenciosa que habló claro ayer. Ignorar este voto traería más inestabilidad a un país que ya no puede permitirse más incertidumbre.
DAVID TEJERÍA es abogado en Chile, periodista y Máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática
