El Gobierno ecuatoriano necesita más herramientas para lidiar con el repunte de inseguridad y violencia que se instaló en el país latinoamericano hace dos años. El presidente Guillermo Lasso ha reprochado en un sinnúmero de pronunciamientos que se siente limitado por el ordenamiento jurídico y ha convocado a una consulta popular que también sirve de examen a su primer año de administración. Quiere que los ecuatorianos vayan a las urnas para decidir si se amplían las atribuciones del Ejército y del sistema de Justicia, así como para poner coto a la proliferación de partidos políticos que no tengan el suficiente respaldo en firmas.
Entre las ocho preguntas presentadas, solo hay tres que conciernen al tema de seguridad. La primera consulta a los ecuatorianos es si debe enmendarse la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan actuar junto con la Policía Nacional. El avance del crimen organizado es la justificación para movilizar a los militares sin que, como hasta ahora, sea necesario declarar un estado de excepción. Lasso, de hecho, ha firmado este martes un nuevo decreto para extender otros 30 días la situación de excepción que rige en Guayaquil desde el atentado de mediados de agosto en una zona residencial de escasos recursos en el que murieron cinco personas y otra veintena resultó herida.
“¿Qué opina de que aquellos narcocriminales que hayan cometido delitos en otros países puedan ser juzgados fuera del Ecuador, de acuerdo con leyes de aquellos países a los que hayan afectado?, lanzó Lasso en el evento de presentación.
Con la misma bandera de la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional, el Gobierno impulsará una pregunta que abra paso a la extradición de ecuatorianos. Esa figura también requiere una enmienda a la Constitución y se aplicaría, según la propuesta de consulta, solo para ese tipo de delitos y “respetando los derechos y garantías” de los implicados. La tercera materia que necesita enderezar Carondelet, según la redacción de preguntas, es la independencia de poderes. Propone crear un Consejo Fiscal que sea el encargado de seleccionar, evaluar y, en su caso, sancionar a los funcionarios del Ministerio Público como una vía para garantizar la autonomía de esta función del Estado.
La respuesta inmediata de la Fiscalía llegó en un comunicado en Twitter donde anuncia que presentará observaciones ante la Corte Constitucional, que es el espacio en el que se analizará el contenido de las preguntas de la consulta popular, para manifestar su oposición a que se cree “otro” Consejo que “obstaculice el trabajo” de selección de los fiscales.
Anunciada como una respuesta a los “anhelos” y como “una solución estable a los problemas” de los ecuatorianos, la consulta incluye una pregunta para dar incentivos a quienes apoyen los servicios ambientales del país. Es considerada como una propuesta dirigida a orientar la respuesta ciudadana hacia el sí, dado que la iniciativa de democracia directa llega en un momento de fuerte desgaste político del Gobierno.
Sin control de la mayoría de la Asamblea, que ha frenado desde el inicio sus proyectos legislativos medulares, el Gobierno plantea a los votantes una reducción del número de escaños. De los 137 legisladores, propone bajar el número a alrededor de 100. “Reduciendo el número de legisladores, incrementaremos también el control, vigilancia, y exigencia sobre ellos”, expuso Lasso el lunes al justificar la pregunta. Al presidente, líder de una organización política personalista que gira en torno a él, le preocupa también la proliferación de partidos que carecen de suficiente respaldo en la calle.
“Queremos preguntarles qué piensan de obligar a las organizaciones políticas a llevar un registro de ciudadanos afiliados, que será debidamente auditado por el Consejo Nacional Electoral”, expuso sobre la pregunta en la que se exigirá que los movimientos políticos tengan al menos un 1,5% del padrón electoral como afiliados y que estos sean reales. “Esto certificará que los partidos que participen en las elecciones tengan verdaderas raíces en la ciudadanía”, remató Lasso, haciendo hincapié en que los funcionarios públicos deben ser un ejemplo.
