A menos de un mes del plebiscito de salida salen a la luz algunos vacíos de la nueva Constitución que abre puertas a la libre interpretación de los políticos de turno. En esta oportunidad la conversación pública se enfocó en cómo el texto de la Convención abre puertas a la eliminación de las escuelas subvencionadas y exigiría la libertad de los padres de tomar decisiones sobre la educación de sus hijos.
La propuesta constitucional no establece que exista libertad para crear o mantener las escuelas subvencionadas; de hechoenciona que se creará un Sistema Nacional de Educación, que estará integrado por centros educativos creados o reconocidos por el Estado, y que los requisitos para ser reconocidos serán establecidos por ley.
La nueva Constitución deja vacíos importantes al no mencionar a los colegios subvencionados y dejando el financiamiento de todo el sistema en manos del Estado colocando a estas escuelas en una situación difícil para continuar con sus labores; sin financiamiento no tienen como operar.
Lo grave de esto es que 1.900.000 estudiantes chilenos, es decir, un 55% de la matrícula escolar universal está en colegios particulares subvencionados por lo que este gran número de niños quedaría desamparados.
“¿Tienen los colegios estatales y privados la capacidad para recibir esta gran cantidad de niños en caso de que se superen los colegios subvencionados?”, es la pregunta que se hacen los padres en medio de la incertidumbre generada.
“Sin los colegios subvencionados mis hijos se quedan sin una buena educación y yo enfrento la angustia de no poder pagar para que ellos tengan la educación que yo no pude tener”, explicó a BlogIt Natalia Rojas, madre de dos niños.
“Me preocupa no saber qué va a pasar, con tanta incertidumbre, porque si se aprueba esta nueva Constitución no tenemos seguridad de nada, dicen que las definiciones quedan para después, pero si eso no pasa, la escuela de mis hijos queda en un limbo . No podemos arriesgar la educación de nuestros hijos con algo que no nos da seguridad de nada”, exclamó.
Carol Bown (UDI) es abogada, exconvencional y exsubsecretaria de la Niñez explica que “la propuesta de la Convención establece la obligatoriedad de financiamiento de la educación estatal, pero no de la subvencionada”
“Es preocupante, porque un 55% de los estudiantes del sistema escolar asiste a colegios particulares subvencionados, en el último proceso 7 de cada 10 estudiantes eligieron como primera opción la educación subvencionada y un 92% de los niños y adolescentes con discapacidad asiste a un colegio particular subvencionado”, aseguró.
La exconvencional agrega otro de los errores de la propuesta es entregar el derecho y el deber de educar al Estado, ya que, a su juicio, debería ser un derecho y deber de los padres. Asimismo, cuestiona el carácter laico en los colegios públicos.
“Se impide el dictado de clases de religión en los establecimientos estatales. ¿Eso por qué tenemos que ser así? Podría haber un establecimiento estatal que también tenga clases de religión e incluso podrían dictarse clases de todas las religiones”, afirma.
Sin embargo, pese a que los colegios están obligados a ser de carácter laico, los pueblos indígenas sí podrán tener establecimientos educativos enfocados en su religión y cultura.
“Tampoco nos gusta que se establezca la participación de la comunidad educativa sin señalar quiénes la componen y sin mencionar expresamente a los padres de los estudiantes”, apunta Carol Bown. La abogada se refiere al artículo 42 de la propuesta, donde se establece que “quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento”.
Por otro lado el artículo 41 del texto a ser plebiscitado comprende la libertad de “madres, padres, apoderados y tutores legales” de “elegir el tipo de educación de las personas a su carga respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes”. Este texto sugiere que los padres podrían elegir el tipo de educación mas no el establecimiento de enseñanza, y lo que los analistas consideran “peligroso” es que el Estado y no los padres será el que decida sobre la madurez de los niños.
Jaime Alcalde, docente del departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, señaló a la agencia de noticias AFP que la nueva Constitución cambia la “oferta educativa” disponible por las “condiciones que se le pone al sistema educativo ”, por lo que el especialista concluye que en el nuevo texto “hay una inclinación hacia la educación estatal”.
De acuerdo con el Alcalde la libertad de enseñanza que está reconocido en el artículo 41 debería complementarse con la garantía de la educación que está en los artículos precedentes; sin embargo el texto aún presenta el vacío que tiende a confundirse y que deja la libre interpretación a los políticos de turno.
“El sistema público nacional de educación reconoce establecimientos y privados, reconocidos por el Estado, ahí es donde hay una inclinación hacia la educación estatal, ya que condiciona los establecimientos a una serie de requisitos”, concluyó.
