Las aerolíneas que operan en Chile han manifestado su preocupación por el proyecto impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric, el cual busca reforzar la Ley de Migraciones. Este proyecto se encuentra actualmente en su segunda discusión legislativa en el Senado.
Los ajustes propuestos a la normativa, motivados por la crisis migratoria y el descontrol en la frontera norte, endurecen las condiciones para ingresar al país, aumentan las causales de expulsión y duplican de 5 a 10 años el periodo de residencia requerido para iniciar el proceso de nacionalización. También incorporan un registro de extranjeros, prohíben la entrada de menores que viajen sin compañía y elevan las sanciones por delitos asociados al tráfico o transporte de migrantes.
Además, el proyecto contempla multas de hasta $1.350.000 (USD 1,340) para las compañías que no cumplan o fallen en la verificación de los documentos exigidos.
Durante el fin de semana, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), la International Air Transport Association (IATA) y la ONU expresaron críticas ante la comisión encargada de revisar estas modificaciones. Señalaron que las aerolíneas carecen de las atribuciones necesarias para cumplir con estas nuevas exigencias en caso de ser aprobadas.
Helen Kouyoumdjian, representante de IATA en Chile, declaró: “Las aerolíneas no tienen la capacidad de determinar si los documentos presentados son auténticos o falsos. No contamos con las facultades ni las herramientas para ello”, según recoge El Mercurio.
“Como industria aérea, hacemos mucho para colaborar, por ejemplo, utilizando software que permite verificar en tiempo real qué documentos se requieren para ingresar a un país. Sin embargo, no somos la Policía de Investigaciones (PDI) para certificar la autenticidad de esos documentos”, explicó.
Kouyoumdjian añadió que la eliminación del segundo inciso del artículo 113 limita la posibilidad de defensa de las aerolíneas, especialmente en casos donde los pasajeros presentan documentos fraudulentos, cuya verificación no corresponde a las compañías. Por ello, solicitaron la reincorporación del segundo inciso de la ley vigente, señalando que es esencial que la normativa contemple las limitaciones operativas y las atribuciones legales de las aerolíneas, promoviendo un enfoque coordinado con las autoridades competentes.
La Achila agrupa tanto a aerolíneas nacionales como LATAM, JetSmart y SKY, así como a internacionales, entre ellas American Airlines, Air Canada, Air France, DELTA, Avianca, United, Copa Airlines y Lufthansa. Estas compañías en conjunto transportaron el 99% de los pasajeros en vuelos nacionales y el 92% en internacionales durante 2023.
Por otro lado, Rebeca Cenalmor-Rejas, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), expresó inquietudes respecto al aumento del tiempo de residencia exigido para la nacionalización de extranjeros, de 5 a 10 años, así como la eliminación de la nacionalización preferencial para cónyuges y familiares.
“La nacionalidad es un derecho humano fundamental”, afirmó la representante de ACNUR, quien instó a revisar los plazos propuestos, sugiriendo periodos más cortos para refugiados y apátridas, en cumplimiento con los tratados internacionales ratificados por Chile.
Tanto el gremio de aerolíneas como la ONU deberán esperar que algún legislador tome en consideración sus observaciones e incorpore estas inquietudes en las sesiones de la comisión que analiza el proyecto.
Fuente: Infobae