La expresidente de facto boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) se declaró en huelga de hambre a horas de que comience el juicio en su contra por el golpe que la llevó al poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), informó su hija, y fracasó el último intento de pedido de libertad presentado por su defensa.
«Bolivianos: hoy desde mi celda en la cárcel de Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley», apuntó la exgobernante «interina» en una carta leída a medios de comunicación por su hija, Carolina Ribera.
Más tarde, el Juzgado Octavo en lo Penal, dirigido por el magistrado Franklin Siñani Velasco, rechazó el más reciente pedido de libertad presentado por su defensa y de esta forma -mientras dure el juicio- continuará con detención preventiva en el penal de Miraflores.
«La justicia ha desprotegido, desoído y desamparado durante 335 días mis derechos fundamentales. Fui secuestrada el 13 de marzo, no hay otro calificativo para mi detención, sin haberme notificado ni llamado a declarar frente a la denuncia que inició todo este calvario de violaciones a la Constitución», expresó Áñez durante la audiencia.
Y agregó: «Siempre cumplí con mis responsabilidades, jamás estuvo en mí huir de alguna de ellas, menos abandonar mi país, mi casa, mi hogar y mi familia. Hace 335 días que se me niega el derecho a un proceso justo, independiente, transparente y público. Un proceso conforme a la Constitución y a la ley de juicio de responsabilidades de exmandatarios vigente», cuestionó.
«Pretenden juzgarme mediante un proceso irregular, plagado de ilegalidades. Soy inocente de este y otros casos que se acumulan en mi contra», subrayó.
Y sentenció: «Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas serán para demostrar que estos hombres, machos del poder, no podrán ocultar de la historia el fraude que cometieron», en otro extracto de su misiva.
Tras las rejas
Áñez se encuentra detenida desde el 13 de marzo de 2021, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión por los delitos de «sedición y terrorismo» durante la crisis política en 2019. Desde entonces su defensa presentó varias acciones de libertad que fueron rechazadas.
El primer juicio contra Áñez y excomandantes militares y policiales comenzará en modalidad virtual en las próximas horas y se referirá a violaciones de la Constitución y de reglamentos parlamentarios en el proceso que culminó en la autoproclamación del gobierno de facto, según fuentes oficiales.
«Veo que mi acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que la Justicia es de Evo Morales y (del actual presidente) Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS)», afirmó Áñez, sobre quien pesan varias denuncias que van de las irregularidades para su investidura presidencial a su responsabilidad en sendas masacres de manifestantes contrarios al golpe de Estado de noviembre de 2019.
El 10 de noviembre de 2019 el entonces presidente Morales se vio obligado a renunciar por presión de las Fuerzas Armadas en medio de una serie de protestas por denuncias de presunto fraude electoral, lo que fue considerado un virtual Golpe de Estado.
Dos días después asumió el mando Áñez, la entonces segunda vicepresidente del Senado, mediante un reprochado proceso de transición en el que no se respetaron reglamentos legislativos.
Un segundo juicio por el golpe está en preparación e incluye entre los acusados a varios líderes de la derecha local.
Por separado, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo esperan que el parlamento autorice varios juicios de responsabilidades por delitos ocurridos durante el gobierno de facto, incluidas masacres de opositores.
Solidaridad política
Durante su detención, Áñez sufrió varios problemas de salud, como una crisis por hipertensión arterial, depresión y en una ocasión se autolesionó el brazo manifestando que ya no quería vivir.
El inicio de la huelga despertó la solidaridad de distintos actores políticos bolivianos. El expresidente Carlos Mesa valoró el «sacrificio personal» que asume Áñez «para enfrentar la autocracia y la brutalidad masista, que vulnera todos sus derechos, la mantiene en un encierro vergonzoso y quiere someterla a un juicio espurio».
Rómulo Calvo, del Comité pro Santa Cruz, sostuvo que se trataba de «un encarcelamiento injustificado y un juicio absurdo» los que llevaron a Áñez a «protestar drásticamente desde su celda».
El también expresidente Jorge Quiroga, en tanto, criticó los «atropellos” contra la política. «Qué enorme contraste entre su coraje y la cobardía de los que ayer huyeron, y hoy la someten a su cruel guillotina», concluyó.
