El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó una agenda de reparación y justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el denominado estallido social de octubre de 2019.
«Todos quienes somos parte de este Gobierno que tiene un mandato de transformación, y que estamos aquí porque también Chile despertó, no nos podemos olvidar de dónde venimos. Tenemos el deber con ustedes, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares, de no olvidarnos», afirmó el mandatario, .
La agenda integral fue presentada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, en compañía de la subsecretaria de la cartera, Haydee Oberreuter, y senadora Fabiola Campillai, víctima de daños oculares tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, disparada por un Carabinero cuando se disponía a trabajar en la comuna capitalina de San Bernardo.
«Lograr avanzar en este sentido es también abrir espacios para transformaciones profundas, que como personas y como país, necesitamos para convivir», sostuvo Oberreuter, según consignó la agencia de noticias AFP.
La iniciativa se enmarca en varios ejes, como «Verdad y Justicia», que consta de un proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en derechos humanos.
Asimismo, detalla el eje de «Reparación», que contempla mesas integrales de reparación en todo el país a partir del 1 de julio de este año, para darles un espacio de participación y diálogo a las víctimas de violaciones a derechos humanos, y a partir de allí establecer las medidas y calificaciones de reparación.
En última instancia, la agenda contempla «No Repetición, Memoria y Educación» con la conformación de un Comité Interministerial, estrategias educativas y cursos informativos de derechos humanos, además de la creación de un proyecto de ley que busca proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
La revuelta social
El «estallido social», como se conoce en Chile la revuelta -que se inició el 18 de octubre de 2019 y que se extendió hasta inicios de 2020- frente al gobierno del conservador Sebastián Piñera (2018-2022), comenzó a raíz de protestas de estudiantes secundarios contra el alza del pasaje del metro de Santiago.
Las manifestaciones, algunas violentas, llegaron a convocar en Santiago a más de 1,2 millones de personas, para exigir mejoras en diversas áreas sociales que iban desde educación universal gratuita y acceso a salud pública de calidad. Se registraron también ataques a estaciones del metro, saqueos, vandalismo y enfrentamiento con las fuerzas especiales de la Polícia.
Al menos 34 personas murieron, más de 400 terminaron con lesiones oculares producto de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas por parte de uniformados, de acuerdo a la agencia de noticias Télam.
También, hubo denuncias de torturas, vejaciones y abuso de autoridad y miles fueron detenidos de manera arbitraria durante las movilizaciones, que terminaron abruptamente a mediados de marzo de 2020 con la llegada de la pandemia de covid-19.
Las violaciones a los derechos humanos -se registraron cerca de 3.000- fueron denunciadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y organizaciones como Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).
Para que no se repitan estas violaciones, el gobierno chileno se comprometió a «articular todo el aparato estatal, mediante leyes y políticas públicas, que garanticen la absoluta protección de los derechos humanos, así como medidas para preservar la memoria histórica».
