El ministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el general Augusto Heleno Riberio, canceló mediante un decreto la autorización a siete proyectos de análisis para determinar la existencia de oro en la región de Sao Gabriel da Cachoeira, una de las mayores áreas protegidas de la Amazonía brasileña, en la que residen más de una veintena de pueblos originarios.
«Considerando la nueva información técnica y legal presentada directamente al GSI y que será estudiada por la ANM (Agencia Nacional de Minería), el ministro, en calidad de secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional, ha revocado las actas de autorización previas», informó la cartera en un comunicado.
Ribeiro admitió que hubo fuertes críticas no solo de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) -ambas estatales- sino también de la Agencia Nacional de Minería (ANM), ente regulador del sector.
Esa nueva información a la que hace referencia es un procedimiento legal abierto por la Fiscalía para determinar si se cometieron irregularidades en esas autorizaciones previas que concedió el ministro Ribeiro y si, por tanto, podrían haber supuesto daños medioambientales en la región.
La Fiscalía sostiene que esas medidas tenían el objetivo de preparar una de las propuestas ampliamente defendidas por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como es la extracción de minerales en las regiones indígenas del país.
Estas autorizaciones estaban previstas para el análisis de amplias zonas en el noroeste del estado de Amazonas, fronterizas con Colombia y Venezuela y que el propio GSI reconoció en este comunicado que podrían estar sobre los límites de estas tierras indígenas protegidas.
La deforestación de la Amazonía alcanzó niveles récord en el gobierno de Bolsonaro y llegó a 13.235 kilómetros cuadrados entre agosto de 2020 y julio de 2021, la mayor área degradada en 12 meses durante los últimos 15 años.
