Augusto Aaras, el fiscal general de Brasil, abrió una investigación por posible apología del nazismo contra el diputado federal Kim Kataguiri, exbolsonarista aliado del exjuez Sérgio Moro, y el youtubero e influencer Bruno Aiub, conocido como Monark, por haber defendido la legalidad de la creación de un partido nazi brasileño, un caso que generó un revuelo nacional.
Kataguiri y Monark defendieron, con distintos argumentos, la legalización de un partido nazi en Brasil en nombre de la libertad de expresión, pese a que fue la organización política responsable del Holocausto.
Kataguiri, fundador del Movimiento Brasil Libre (MBL), consideró que Alemania «comete un error en prohibir la existencia de un partido nazi y que por ello apoyaría la libertad para fundar un partido nazi en Brasil».
El diputado fue uno de los aliados del ascenso de Jair Bolsonaro y responsable por la ola anti-izquierdista surgida en Brasil que derivó en las manifestaciones a favor del impeachment y destitución de la expresidente Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores.
«El fiscal general hace la vista gorda para delitos que realmente ocurrieron y se omite con los delitos cometidos por el presidente Jair Bolsonaro», disparó Kataguiri, quien abandonó el bolsonarismo en la pandemia y se alió al proyecto presidencial del exjuez Sergio Moro, otro exbolsonarista que se hizo famoso por comandar la operación Lava Jato.
Moro fue considerado parcial por la Corte Suprema de Justicia por aplicar el lawfare para condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del PT; en tanto que Kataguiri se autoproclamó como «el diputado más pro-Israel del Congreso».
Por su parte, Monark, conocido por sus declaraciones homofóbicas y racistas durante sus shows en el podcast Flow, consideró que «los antijudíos merecen tener un partido legalizado» durante su programa, en el cual estaban Kataguiri, del partido Demócratas, y Tabata Amaral, del Partido Socialista Brasileño.
Ante el revuelo institucional y en las redes generado por la declaración de Monark, el conductor fue expulsado de la plataforma Flow, en la que según la prensa local ganaba 50.000 dólares por mes y los patrocinadores, varias multinacionales, se retiraron de su programa.
Y luego lamentó lo dicho y adujo que sus declaraciones se debieron a su estado de embriaguez en el que se encontraba.
Revuelo nacional
La decisión del fiscal general se dio por la repercusión que tuvo el caso «en la prensa y en el ámbito legal», que suscitaron una infinidad de solicitudes al Ministerio Público para investigar las declaraciones por apología al nazismo, incitación a la violencia, injuria racial e intolerancia religiosa.
Movimientos judíos, políticos, magistrados, actores y personalidades del país criticaron fuertemente las declaraciones del presentador y del diputado y recordaron el horror del holocausto nazi, en el que se estima que murieron unos seis millones de judíos.
En las redes sociales, la Embajada de Alemania en Brasil señaló que «defender el nazismo no es libertad de expresión», mientras que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes enfatizaron que la apología al nazismo es un delito en Brasil, en mensajes publicados en Twitter.
De acuerdo con un estudio de la antropóloga Alessandra Dias, que investiga el tema desde 2002, los grupos neonazistas se multiplicaron en Brasil en los últimos años, donde hasta 2021 existían más de 530 núcleos extremistas.
