La magistrada del Supremo Tribunal Federal de Brasil (Corte Suprema), Rosa Weber, rechazó hoy una petición del fiscal general, Augusto Aras, para archivar una causa contra el presidente, Jair Bolsonaro, por fraude en la compra de vacunas contra el coronavirus y volvió a remitir el informe para que sea nuevamente evaluado.
Se trata de la primera vez que un juez del alto Tribunal rechaza un expediente enviado por el fiscal Aras en relación a una investigación sobre el mandatario de ultraderecha.
La Fiscalía adelantó que apelará ante el pleno del tribunal esta decisión por violar «el sistema constitucional acusatorio», informó el diario O Globo.
Weber explicó que la petición de la Fiscalía para archivar esta causa «no se sostiene, ya que el presidente tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito cuando tenga sospechas de que se habría cometido», tal y como sostiene el informe de investigación, en el que se reconoce que Bolsonaro fue notificado de las posibles irregularidades que se habrían cometido en la compra de vacunas.
De no ser así, señaló la jueza, el mandatario estaría autorizado «a permanecer inmóvil aunque se le comunique formalmente la existencia de delitos en las dependencias de las estructuras del Gobierno», según consignó la agencia de noticias Europa Press.
«La tesis no se sostiene, con el debido respeto. En el contexto antes descrito es perfectamente posible extraer del propio ordenamiento jurídico y constitucional competencias administrativas vinculadas a ser ejercidas por el jefe de Gobierno», argumentó Weber.
Si bien la magistrada reconoce que la Corte Suprema suele aceptar las demandas de archivo que presenta la Fiscalía -única autoridad competente para llevar a cabo una investigación sobre personas con jurisdicción privilegiada-, dicho acatamiento no puede ser automático, por lo que invocó un precedente conocido como «conducta atípica» para sustentar su decisión.
En ese sentido, Weber consideró que si la última palabra la tuviera siempre la Fiscalía y no el Supremo, se produciría «una clara y no autorizada» inversión de los roles constitucionales.
La tesis del fiscal Aras sigue las conclusiones de la investigación de la Policía Federal, que hace un par de meses decidió desechar las denuncias por prevaricato contra Bolsonaro ya que no tendría «deber legal» de actuar.
En caso de dar como buena la hipótesis de que el mandatario pasó por alto estas sospechas, hubiera incurrido «en un incumplimiento cívico» y «no en una desviación de un deber funcional», sostuvo Aras.
Las denuncias sobre este caso fueron presentadas por el diputado Luis Miranda y su hermano, Ricardo Miranda, quien trabaja para el Ministerio de Salud, durante una de las sesiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), encargada de investigar la gestión de la pandemia, que tuvieron lugar a lo largo del año pasado.
Ambos revelaron que se reunieron con el presidente Bolsonaro para alertar de posibles irregularidades en la compra de Covaxin, la vacuna india contra el coronavirus.
No solo denunciaron «presiones atípicas» para que se efectuara la compra de unas 20 millones de dosis, sino que también presentaron varios documentos de la cancillería en los que se reflejaba un precio once veces superior al estipulado por el fabricante.
Finalmente, la compra fue anulada a finales de junio del año pasado, después del revuelo que las acusaciones generaron en la CPI que, entre sus muchas conclusiones finales, solicitó la imputación de Bolsonaro por este caso.
Un diputado se atrincheró en el Congreso y desobedeció un fallo de la Corte Suprema
Daniel Silveira, ex policía militar y parlamentario por Río de Janeiro, durmió en su despacho en la Cámara de Diputados luego de que el magistrado Alexandre de Moraes ordenara colocarle una tobillera electrónica.
El diputado bolsonarista acusado de promover actos antidemocráticos en Brasil se mantiene desde anoche atrincherado dentro del Congreso en desafío al fallo del juez.
Según imágenes divulgadas por la prensa, Silveira se llevó un colchón para pasar la noche en el Parlamento.
El diputado estuvo preso el año pasado por divulgar un video con ataques verbales a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF).
Silveira fue liberado en noviembre bajo la condición de no comunicarse con otros investigados y mantenerse fuera de las redes sociales, pero según la Procuraduría General de la República, el legislador «continúa participando de eventos que amenazan la democracia y las instituciones».
El congresista aseguró a la prensa brasileña que permanecerá en la Cámara de Diputados hasta que el plenario se manifieste sobre la decisión de Moraes.
«Quiero ver hasta dónde va la petulancia de alguien para romper con los otros dos poderes. Aquí, el plenario es inviolable, un diputado es soberano en el plenario», enfatizó Silveira.
«No acepto (la decisión de, de Moraes). Viene atropellando al legislativo de forma contraria a la Constitución», agregó, según informó la agencia de noticias AFP.
En su fallo, de Moraes sostuvo que no es necesaria la manifestación de la Cámara Diputados para cumplir la orden debido a que colocarle «una tobillera no impide el ejercicio del mandato».
Además, le prohibió a Silveira participar de cualquier evento público en todo Brasil y ausentarse de Río de Janeiro, donde reside, pudiendo trasladarse apenas a la capital para cumplir tareas parlamentarias.
El presidente Bolsonaro admitió en diciembre que le «dolió en el corazón ver a un colega preso» y citó el caso de Silveira como un supuesto ejemplo «de autoritarismo del STF», un blanco habitual de las críticas del mandatario ultraderechista.
Silveira fue mencionado por la prensa como un posible candidato a senador por Río de Janeiro en 2022.
El diputado ganó notoriedad en 2018, tras romper públicamente un cartel en homenaje a la ex concejal de izquierda de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada a tiros en 2018.
