En un principio iba a hacerlo, pero luego cambió de opinión. Es sobre presuntos actos de corrupción.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó hoy responder preguntas de la Comisión de Fiscalización del Congreso que buscaba interrogarlo sobre presuntos actos de corrupción, pese a que días antes trascendió que recibiría al grupo, porque, según su defensa, se trata de una «puesta en escena».
«(El presidente) no va a recibir a la comisión porque esta comisión no busca la verdad ni actúa objetivamente; la declaración del presidente sería una puesta en escena, una pantomima, una apariencia de debido proceso», explicó el abogado de Castillo, Benji Espinoza, al local Canal N.
El viernes, la defensa del mandatario aseguró que iba a recibir a la comisión en el Palacio de Gobierno de Lima para responder a una serie de preguntas sobre su presunta participación en un grupo irregular.
Sin embargo, a último momento Castillo declinó esa chance y viajó al departamento de Huancavelica para encabezar actividades oficiales.
La defensa del presidente afirmó que la comisión ya tendría listo un informe sobre la situación de Castillo frente a presuntos actos de corrupción, por lo que considera que la reunión no tiene algún sentido práctico.
El caso Sarratea
El jefe de Estado iba a ser inquirido sobre el llamado caso Sarratea, que lo salpica después de que empezó a usar en sus primeros días de gestión una propiedad común como despacho presidencial.
Ese inmueble está ubicado en la calle Sarratea, en el distrito de Cercado de Lima, en la capital.
Por ley, el mandatario tiene prohibido utilizar como despacho presidencial otro inmueble que no sea Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo, en donde el registro de visitas y actividades es obligatorio.
El caso que puso al presidente bajo la lupa de los legisladores es el mismo por el cual lo indaga la fiscalía, un hecho sin precedentes en la Justicia peruana.
La fiscalía investiga a Castillo, en el poder desde hace 11 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar, todo lo cual podría haberse acordado en esa propiedad.
Se trata de la investigación sobre el consorcio «Puente Tarata III», que busca determinar si un ex ministro de Transportes, seis legisladores, un ex secretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el mandatario para conceder un contrato de obras públicas.
La Comisión de Fiscalización busca conocer qué actividades y reuniones sostuvo el presidente en el domicilio de Sarratea, porque sospecha que en el inmueble se llevaron a cabo reuniones para pactar actos de corrupción.
Habrá represalias
Luego de la negativa presidencial, el titular de la comisión, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), afirmó que no se le volverá a citar, aunque anunció represalias contra Castillo sin entrar en detalles, reportó la agencia Sputnik.
La Comisión legislativa se fue especialmente molesta porque se les permitió entrar a la Casa de Gobierno pero por una puerta lateral y no por la principal.
«Es una falta de respeto a los señores congresistas. Cuando el presidente acude al Congreso de la República le damos todas las prerrogativas de un presidente, pero a nosotros nos quiere hacer ingresar por una puerta trasera», protestó Ventura, según el diario La República.
Junto al titular de la Comisión había ido al lugar Enrique Wong (Podemos Perú), Wilmar Elera (Somos Perú), Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Martha Moyano (FP).
