Marco Gasco Arroba, el alcalde provincial de Chiclayo y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), pidió «la pena de muerte para los violadores», mientras que el Consejo de Ministros de Perú llevará en las próximas horas al Congreso el proyecto de castración química para los abusadores sexuales de menores de edad.
«Pedimos la pena de muerte para gente como esta. Yo estoy convencido de que la mayoría lo quiere. Es el clamor popular. El respaldo lo tenemos de la mayoría de las municipalidades», sostuvo Gasco Arroba en diálogo con la radio local RPP Noticias.
«El 22 % de los presos están por violación sexual, y de ese 22%, más de la mitad, están por violar a niñas. Es decir, el 11 % de la población carcelaria son violadores de niños. Y ellos son los que están condenados. ¿Cuántos más están solo denunciados? ¿Cuántos más no son denunciados?», continuó, tras la movilización cívica nacional de los municipios «por la vida, la paz y la seguridad».
El burgomaestre de Chiclayo consideró, además, que el Congreso de la República debe debatir la permanencia del Perú en el Pacto de San José para así aprobar la pena de muerte para los violadores de menores, como en el caso de la niña de tres años violada y secuestrada por Juan Antonio Enríquez García, de 48 años.
Buscan que la castración química sea ley
En tal sentido, el Consejo de Ministros de Perú aprobó el proyecto de castración química para violadores de menores de edad, iniciativa que será presentada en las próximas horas ante el Congreso, se informó oficialmente.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Félix Chero, reveló que el Consejo «le dio el visto bueno a la iniciativa que busca implementar la castración química para violadores de menores de edad», anunciada el fin de semana por el presidente Pedro Castillo.
El ministro explicó que, si el proyecto es aprobado, alcanzará a las personas que tengan condena determinada.
«Consideramos esta medida como pena accesoria para aquellos que cometen delitos de violación de la libertad sexual con penas determinadas, como 15 años, 20 años, 25 años, y se aplicará luego de cumplida la pena», subrayó Chero, según el diario La República.
El ministro remarcó que se están haciendo esfuerzos para ejecutar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia, en forma transversal, en contra del abuso sexual infantil, y para tener «mano dura y medidas más severas contra depravados y degenerados que destruyen la vida de niños y jóvenes».
Asimismo, hizo un llamado con respeto al Poder Judicial y Ministerio Público, «a fin de que den celeridad a los procesos relacionados con este tipo de casos contra menores de edad».
El debate, y el proyecto gubernamental, son respuesta directa al caso de una menor de 3 años violada por Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, en la ciudad de Chiclayo, lo que ocasionó fuertes protestas de la ciudadanía y una ola de repudios de todos los sectores.
¿Qué es la castración química?
Es el uso de fármacos para reducir la libido o la actividad sexual, y ya se aplica en países como Corea del Sur, Polonia y República Checa y en algunos estados de Estados Unidos, reportó el diario El Comercio.
En tanto, la primera vicepresidente del Congreso, Lady Camones, adelantó que el cuerpo no acuerda con la iniciativa del Ejecutivo.
«Consideramos que (la castración química) no es la medida más ideal; a corto plazo es el reclamo que tiene la población a sus autoridades para poder combatir este flagelo (violencia sexual); sin embargo, no vamos a obtener los resultados que queremos», afirmó Camones a la radio local RPP, citada por la agencia Sputnik.
Para la legisladora se deberá evaluar «bajo qué criterios se da el proyecto de ley, porque no alcanza con aprobar el texto, sino que se debe ver de qué manera se aplicará».
«No es la solución, tenemos que trabajar con un plan integral (de educación sexual), sería lamentable que el presidente, por tener una posición populista frente a la población, quisiera poner en jaque al Congreso», subrayó Camones.
El Poder Judicial en la mira
Por su parte, la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, y congresistas de la República, se reunieron para intercambiar información y articular acciones para mejorar el sistema de justicia, en el marco del caso de la menor víctima de violencia sexual en Chiclayo.
Barrios señaló que en el Código Procesal Penal «contempla el proceso inmediato, el cual evita algunos pasos procesales a fin de juzgar de manera célere cuando existe flagrancia delictiva».
Además indicó que se implementará «un módulo de flagrancia en Trujillo, pero que se requieren muchos más en todo el país».
«Nosotros estamos copiando un modelo porque ya hemos articulado, hemos viajado a Ecuador que tiene un modelo bastante similar. Allí por ejemplo el récord que tiene es un proceso en 8 horas de flagrancia. Aquí mínimamente podríamos tener juzgamiento en 30 días o dos meses, depende de la actividad procesal», precisó.
Respecto al caso de la menor víctima de violencia en Chiclayo, Barrios sostuvo que la figura de la prisión preventiva «siempre tiene que existir por mandato judicial; sin embargo, aclaró que la persona puede ser juzgada en un plazo menor», concluyó.
