Chile enfrenta la peor ola de violencia e inseguridad de los últimos 30 años mientras debate aprobar una Constitución que en sus artículos no ofrece una salida a esta grave crisis.
Recientemente un funcionario del gobierno de Boric admitió que el país “está viviendo el peor momento” en materia de seguridad desde el retorno a la democracia; esto, debido a que en los últimos seis años las tasas de homicidios aumentaron un 70% al tiempo en que otros tipos de crímenes empiezan a desbordarse.
En los últimos dos años la inseguridad pasó a ser la principal preocupación de los chilenos, que han empezado a cambiar sus rutinas para evitar ser víctimas del creciente número de delitos violentos.
Entre los delitos con mayor connotación social están los llamados “portonazos”, asaltos en los ingresos a casas o condominios, y las “encerronas”, como llaman a los robos del vehículo en plena vía pública mediante intercepciones de delincuentes armados.
El último estudio de la encuestadora Ipsos indicó que para 52% de los chilenos la principal preocupación es la delincuencia, además de la presencia de mafias organizadas y el narcotráfico.
Lo grave de esta situación es que la mayoría de los chilenos está pidiendo a gritos soluciones a la crisis de violencia e inseguridad; y sin embargo, eso no está sucediendo. No se ve plasmado en acciones contundentes ni desde el gobierno, ni desde lo que sería la nueva Constitución.
El presidente Boric ha anunciado una serie de medidas para intentar neutralizar la violencia en regiones como la Araucanía. Por ejemplo, se vio obligado a implementar un estado de emergencia para militarizar las calles y tratar de organizar la situación; pero ahora el nuevo texto aprobado por la Convención no incluye estados de emergencia por lo que no existirían mecanismos para hacer frente a la violencia organizada.
Lo mismo sucede con los Carabineros, institución policial que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad; en medio de la actual ola de violencia e inseguridad que embarga al país, el nuevo texto de la Convención decide convertir a este organismo policial en una policía “civil”, acabando con la esencia de una institución que hasta ahora tiene mayor confianza ciudadana que el resto de las instituciones públicas en el país.
Hasta el momento no existen propuestas sobre la mesa para enfrentar la inseguridad, y en caso de que el borrador de la Convención sea aprobado, no se permitirá hacer ninguna modificación sino hasta 2026.
¿Puede el país esperar cuatro años o más para atender la violencia y seguridad desde las leyes? Es la pregunta que se hacen los chilenos a la hora de tomar la decisión de votar Apruebo o Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.
