La Convención Constitucional de Chile aprobó el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos y de esta forma pasa al borrador de la nueva Constitución.
El artículo 21, presentado por la Comisión de Derechos Fundamentales, fue aprobado por 106 votos a favor (necesitaba 103), 37 en contra y 10 abstenciones.
El texto aprobado señala que el Estado «reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos».
Asimismo, «la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución».
Otro de los puntos del artículo es que el reconocimiento de las propiedades de las tierras indígenas contaría con una importante protección, «ya que conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva».
Esta aprobación tuvo repercusiones en diferentes sectores políticos
«Hemos abierto el inicio de un nuevo camino», celebró la constituyente Aymara, Isabella Mamani.
Por el contrario, desde la derecha se mostraron disconformes con la decisión y la convencional Marcela Cubillos expresó a través de su cuenta de Twitter que el cuerpo «dejó a los chilenos no indígenas en la completa indefensión”.
De esta manera, el artículo aprobado sobre las tierras indígenas se transforma en uno de los más importantes logros de los pueblos ancestrales en el proceso en marcha para redactar una nueva Constitución.
La entrega del borrador está fijada para el 4 de julio y posteriormente tendrá que ser aprobado en un plebiscito de salida obligatorio programado el 4 de septiembre, que en el caso de recibir un visto bueno pondrá fin a la actual carta magna, escrita durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, se dio durante el mandato del flamante presidente Gabriel Boric y fue posible tras las masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición.
Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaron a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.
El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que están redactando la nueva carta magna.
