Además, fue visada la propuesta sobre renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos.
La comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional (CC) aprobó, con 10 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa popular de norma que establece la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro.
Además, fue visada la propuesta sobre renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos.
A cuatro meses de que termine el plazo máximo para la redacción de una propuesta de nueva Constitución, las distintas iniciativas de los distintos convencionales constituyentes ya comienzan a definirse.
La comisión de Medio Ambiente del organismo revisó y votó un total de 17 iniciativas, la mayoría relacionadas a la industria minera.
Dentro de estas propuestas se aprobó la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro y se visó la renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos.
Además, se rechazó el artículo que propone que los directorios de las empresas nacionalizadas deban ser compuestos por representantes designados por el Presidente de la República.
La convencional independiente y coordinadora de la comisión, Camila Zárate, hizo hincapié «en la necesidad de cambiar el actual sistema de minería».
En tal sentido, su par independiente y ex lista del pueblo, Constanza San Juan, afirmó que «el actual sistema minero genera pobreza».
«Además hay un reconocimiento de que la minería, por una parte, no entrega la rentabilidad que debería entregar. Además, provoca la problemática ecológica que ya conocemos”, agregó.
En tanto, el convencional de Renovación Nacional, Roberto Vega, mostró su disconformidad con la iniciativa. «Esto tiene un costo para la calidad de vida de los chilenos», puntualizó.
Con respecto a las otras iniciativas, aquella que establece el estatuto de la minería, se rechazó el artículo que instaura que el Estado «es el titular del dominio absoluto y exclusivo. Lo anterior, sobre todas en las minas y yacimientos ubicados en territorio chileno».
No será gratis
Si finalmente Chile estatiza la minería deberá disponer de US$ 65 mil millones para compensar a privados y otros US$ 50 mil millones para operar los yacimientos de aquí al 2030, calculan diversos analistas.
La firma legal estadounidense Shearman & Sterling alertó que se podrían violar las obligaciones de Chile, «en virtud de los más de 50 tratados de inversión bilaterales y multilaterales».
Ni la guerra ni el salto global hacia la electromovilidad están beneficiando por igual a todas las mineras.
Las acciones de algunas empresas con intereses en Chile empezaron a descontar en su valor una posible nacionalización que se debate en la Convención.
Informes de bancos de inversión y cálculos privados ya comenzaron a incorporar ese riesgo en sus análisis y cuentas.
Aunque la estatización de la minería no fue aprobada por el pleno de la Convención Constitucional, por lo que aún no forma parte del texto que se plebiscitará en los próximos meses, el mercado mira con atención su desarrollo.
Hay otros grandes países productores como Perú y México pensando en nacionalizar sus recursos mineros, lo que estrecharía aún más el negocio.
Líder en minería
Chile es uno de los mayores productores globales de minerales: es el principal vendedor mundial de cobre y el segundo mayor de litio. Ambos elementos son clave para la transición hacia la descarbonización de la economía mundial y las energías renovables. El país, además posee amplias reservas de esos elementos.
«La nacionalización de las minas de cobre y litio del país creará un gran impacto en los recursos globales», destacó en su último informe sobre el sector minero el banco de inversiones Barclays.
«Chile, hogar de algunos de los mayores productores de cobre del mundo, también ha unido firmemente su economía al metal, con las correspondientes políticas de nacionalización», alertó el banco de inversiones australiano Tribeca Investment Partners esta semana.
La firma, experta en recursos naturales, prevé una fuerte alza de las acciones mineras, debido a la creciente demanda global y la menor oferta, debido a la salida de Rusia de algunos mercados y los planes de nacionalización en Chile y otros países productores.
«Se mire como se mire, el sector de las materias primas nunca se vio mejor», subrayó Tribeca Investment Partners. Según su análisis, «a pesar de que la demanda mundial de minerales sigue alta, la oferta no sube».
Plan de pago
La propuesta de la Convención apunta a darle al país un año para nacionalizar la minería de cobre y litio, moción que también considera indemnizar a los privados, a través de un plan de pago basado en el valor contable de las acciones (menor que en bolsa) a pagarse en un máximo de 30 años.
«Ciertamente que el mercado considera como una posibilidad la estatización de la minería, y eso ha sido internalizado en buena medida desde que se inició el proceso de redacción, pues se asumían ciertos escenarios basados en la composición del órgano constituyente, en el tono de las discusiones políticas y más recientemente en los artículos aprobados por las comisiones y el pleno», explicó Eric Medel, Analista Senior en CRU, una consultora especializada en la industria y mercados globales de metales, minería y fertilizantes.
«Esto se ha reflejado más concretamente en la valorización de las compañías con exposición en Chile, sin embargo, esto se ha mezclado con fuertes movimientos en los precios de los metales y con mayores niveles de incertidumbre global», continuó.
Aunque ejecutivos del sector mencionan que el riesgo de que se desarrolle ese escenario parece bajo, la posibilidad de una nacionalización puso en compás de análisis nuevas inversiones.
Hace algunas semanas, en Toronto, Canadá. accionistas de pequeñas firmas y proyectos mineros que se transan en esa bolsa estuvieron analizando el tema.
Los miles de millones de dólares necesarios para compensar a las mineras privadas pondrían en peligro los planes de aumentar el gasto social y reducir las desigualdades, dos objetivos detrás del proceso de cambio constitucional que impulsa el flamante presidente electo Gabriel Boric, quien mañana asumirá el cargo.
«La promulgación de estas modificaciones (además la estatización del agua) también podría violar las obligaciones de Chile en virtud de los más de 50 tratados de inversión bilaterales y multilaterales de los que Chile es parte», alertó Shearman & Sterling, la firma legal estadounidense que asesora a empresas y gobiernos.
Estos incluyen Tratados de Inversión con España, Francia, los Países Bajos, Alemania, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido.
«Los inversores pueden presentar una demanda contra Chile en virtud de uno o más de estos Tratados de Inversión», advirtió Shearman & Sterling, quien le sugirió a los inversionistas «seguir con atención el proceso».
