Hizo un análisis del borrador de la nueva Constitución casi listo, y las comisiones de Armonización, Normas transitorias y de Preámbulo afinando los últimos detalles.
El Instituto Res Publica analizó 191 de las 499 normas aprobadas del borrador de la Nueva Constitución -que tiene que estar listo para el 4 de julio y que será plebiscitado el 4 de septiembre-, las cuales clasificó en tres definiciones distintas, asimilando los colores de un semáforo: en rojo como «ciertamente dañinas»; en amarillo como «potencialmente dañinas»; y en verde como «positivas».
Los expertos clasificaron en la categoría de dañinas aquellas normas que afectarían la institucionalidad, la democracia o los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Las potencialmente dañinas serían aquellas que dependen excesivamente de las futuras leyes que las aterrizarán y que de paso generarían posibles tensiones relevantes.
Y las positivas, las que fortalecen la institucionalidad, el sistema democrático o constituyen un avance en materia de derechos fundamentales.
«Quisimos contribuir a dar más herramientas para que las personas tomen mejores decisiones, reciban mejor información y tengan en cuenta las alertas en los temas que son más sensibles para ellos», señaló José Francisco Lagos, director ejecutivo de Instituto Res Publica.
Un equipo de ocho personas, liderado por el abogado y magíster en derecho administrativo, Ricardo Hernández, analizó la Convención Constitucional (CC) desde sus inicios.
Con las normas ya votadas, los expertos utilizaron tres criterios para orientar su trabajo: las de mayor impacto jurídico y/o práctico; las que generaron más debate en comisiones y en el pleno; y las más significativas en cada materia.
Los derechos, eje del estudio
La comisión de Derechos fundamentales es, a juicio del Instituto Res Publica, la que tiene el mayor porcentaje de normas «ciertamente dañinas».
Entre estas figuran, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna y el derecho a la identidad.
«Va a ser inabordable por parte de la institucionalidad que se propone responsabilizar al Estado
en tener que cumplir con distintas materias. Son reformas que, en general, los expertos creen que se van a implementar de aquí a 10 años. Entonces, en el corto plazo, la población no va a ver los efectos positivos, si es que los hubiera, y, al contrario, se van a sentir los efectos negativos de introducir un estrés importante en ciertas materias», explicó el coordinador constitucional Ricardo Hernández. En la web de la iniciativa (www.semaforoconstitucional.cl) se detalló que «el derecho a la vivienda propia no consagra el derecho a la propiedad de la misma, sino su uso, o un simple arrendamiento, alejando a la persona del denominado sueño de la casa propia».
En el caso del derecho a la salud, «se termina la libertad de las personas de elegir entre aseguradores públicos y privados (actuales Fonasa e isapres)».
Además, se concluyó que «en la práctica se establece un nuevo impuesto, ya que obliga que las cotizaciones de salud de los trabajadores de clase media y baja vayan a financiar un sistema de salud administrado por el Estado».
Los pueblos originarios, otro punto de análisis
Otro aspecto que el estudio levanta de preocupación está relacionado con el carácter exacerbadamente indigenista de la propuesta.
En este ámbito, las alarmas no provienen de una comisión en específico, sino que de varias, en las que se apuntaría a lo que Res Publica califica como «Constitución indigenista».
«En todo el borrador de la nueva Constitución, hay muchos pasajes y normas hechos a la medida de los pueblos originarios, o definitivamente se establecen derechos que no van a tener el resto de los chilenos», indicó Ricardo Hernández.
«Es por eso que las disposiciones como la consulta obligatoria indígena, el derecho a la restitución de tierras, el Estado plurinacional, los escaños reservados y el pluralismo jurídico son considerados como «ciertamente dañinos para la institucionalidad» y, por lo mismo, generará segregaciones que creemos son bastante peligrosas», completó.
Otros temas de debate
Asimismo, Res Publica advirtió que a lo menos seis libertades se verían afectadas o seriamente limitadas en caso de que se apruebe el texto.
«Esta Constitución lo que hace es eliminar la libertad de elegir entre ciertas opciones, como sucede con el sistema de salud, y en materia de libertad de enseñanza», agregó el abogado.
Si se analiza comisión por comisión, el estudio arroja que «el 61% de las normas del sistema político son potencialmente dañinas y el 32% ciertamente dañinas».
Entre estas, se destacaron la Cámara de las Regiones, el derecho de los pueblos indígenas preexistentes y los estatutos de las policías.
En tanto, en la comisión de Sistema de Justicia, «el 77% de los artículos son potencial o ciertamente dañinos».
Esto serían «las atribuciones al Consejo de Justicia, la cesación de jueces, cómo se integran el Consejo del Banco Central y la Corte Suprema».
Asimismo, en medio ambiente «habría un impacto en el acceso universal a los bienes comunes naturales, en la autorización del uso de aguas y en el dominio de las minas y sustancias minerales».
Mientras, en la comisión de Forma de Estado, «el 82% de las normas serían cierta o potencialmente dañinas, como la formación de la asamblea regional, la autonomía de las entidades territoriales, la deuda de los gobiernos regionales y locales (empréstitos), entre otras».
Las normas positivas
Si bien son claramente menos que las dañinas y potencialmente dañinas, el Instituto Res Publica rescató algunos artículos del texto que serían un aporte.
Por ejemplo, en la comisión sobre Sistemas de conocimientos, resaltó «el derecho a fundar medios de comunicación, el derecho a la protección de datos personales, a la libertad de prensa y la prohibición de censura».
Además, entraron en esta misma clasificación «la creación de áreas protegidas, la nueva Corte Constitucional (ex Tribunal Constitucional), el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la privacidad, la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión, la modernización del Estado, la participación en los proyectos educativos, el principio de responsabilidad fiscal y la probidad y transparencia».
El Instituto Res Publica explicó que la nueva Constitución «no es totalmente mala o totalmente buena, sino que mucho depende de lo que se haga después, si es que gana el Apruebo».
«La Constitución deja muchas cosas en indeterminación. Va a depender mucho de la composición del nuevo Congreso y de las leyes que este órgano despache para su implementación», concluyó José Francisco Lagos, director ejecutivo de Instituto Res Publica.
